Experto destacó que Uruguay no es un país amigable con la criminalidad económica

 

Este jueves 23, a las 18, continuará la serie de conferencias organizada por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), y con el auspicio de Infobae, denominada “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”.

La cuarta disertación de este ciclo será sobre “Los dispositivos institucionales de Uruguay para combatir la financiación del terrorismo” y estará a cargo de Daniel Espinosa, ex Secretario Nacional Antilavado de Uruguay. Infobae dialogó con el experto.

- ¿Qué nos podría anticipar sobre lo que va a tratar en su conferencia?

- La idea mía es hablar sobre el contexto de Uruguay. Nosotros tenemos una evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que fue aprobada en 2017 y, a partir de ahí, se han adoptado una serie de medidas importantes en la materia, sobre todo legal y reglamentaria en cuanto al combate y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nosotros como todos los países de la región, imagino, somos países que a veces nos sentimos un poco ajeno a estas cuestiones que suenan como muy lejanas, la percepción de riesgo en Uruguay es baja a pesar de que hay movimientos terroristas en la región, de que ha habido atentados aquí enfrente nomás en Argentina, atentados en Europa no hace tanto. A pesar de que tenemos conciencia de que un atentado terrorista puede ocurrir en cualquier país del mundo y que además el financiamiento del terrorismo puede ocurrir en cualquier país del mundo, a veces nos cuesta ser conscientes de eso y actualizarnos.

Afortunadamente a partir de esa evaluación de riesgo que Uruguay hizo en 2017 se determinó que había un riesgo bajo en función de que no hay elementos como para indicar lo contrario. Pero se determinó que si bien la amenaza puede llegar a ser baja o media las vulnerabilidades que tenía nuestro sistema eran mayúsculas, eran muy importantes, porque no teníamos una legislación actualizada en materia de financiamiento del terrorismo. La última modificación legal que teníamos era de 2004. Por ahí va a versar parte de la charla.

Uruguay proyectó y aprobó una nueva ley en 2019 y a partir de ahí por lo menos tenemos un contexto legislativo actualizado que nos permite cumplir, por ejemplo, las sanciones que establece la ONU tanto para financiamiento de terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva y también nos permite cooperar internacionalmente en caso de que seamos requeridos. No alcanzaría sólo con una modificación legal. La modificación legal se hizo, lo que se empezó a implementar también es el grupo de trabajo sobre financiamiento del terrorismo -hecho por el Estado uruguayo- en el que trabajan conjuntamente la Secretaría de Inteligencia Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, la Secretaría Antilavado que es la coordinadora del material antilavado. Todos los organismos competentes estamos tratando de trabajar a partir de agosto de 2018, que fue cuando se creó este grupo, orientando las acciones específicamente al financiamiento del terrorismo. Es un ámbito en el que se trata de juntar autoridades que muchas veces no trabajan juntas. Quizás ese el parte del problema que hemos tenido hasta ahora, de no juntar esos mundos distintos y no entender este fenómeno de financiamiento del terrorismo que los junta y aprovecha la falta de cooperación que hay a veces en los países.

-¿Cómo es ese trabajo conjunto? ¿está dando resultados?

- Ese grupo se reúne periódicamente y lo que ha tratado de hacer, por ejemplo, es encarar determinadas cuestiones que no se estaban realizando como implementar determinados controles financieros a movimientos financieros de determinado tipo con determinados países o regiones o con otras inusualidades. También lo que ha encarado este grupo es el gran tema de las organizaciones sin fines de lucro y su posible utilización como instrumentos para encubrir el financiamiento del terrorismo. Ahí sí tenemos un amplísimo campo de acción que se ha tratado de determinar -siguiendo lo que dicen las recomendaciones de GAFI- dentro de ese marco general de miles de organizaciones sin fines de lucro tratar de determinar cuál es el grupo de organizaciones que podría potencialmente representar un riesgo en materia de financiamiento de terrorismo. Eso se va mejorando, se va haciendo un seguimiento de las actividades de esas organizaciones y por lo menos ya hay un cierto conocimiento del mundo de las organizaciones sin fines de lucro que es tan amplio que a veces cuesta abarcarlo. Se empezó por ahí, se hizo una lista, esa lista puede tener incorporaciones o pueden retirarse entidades que en un principio parecieron como de riesgo pero es un seguimiento que nunca se había hecho en el país.

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Grupos terroristas reclutan fanáticos a través de redes sociales en América Latina

 

En la tarde de este jueves 9 de septiembre se llevará a cabo la tercera jornada del ciclo de conferencias “El Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y con el auspicio de Infobae.

La charla estará a cargo de Javier Martinez Sanchiz, asesor legal de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El experto disertará sobre “Las obligaciones emanadas del consejo de seguridad de la ONU en el combate global al terrorismo y su financiación”, y en diálogo con Infobae adelantó algunos de los temas que abordará en su exposición.

- Si tuviera que destacar algunos puntos de su conferencia ¿Qué dos o tres tópicos quisiera subrayar?

- Estaba ahora precisamente haciendo un esquema de lo que voy a decir. Creo que es muy importante subrayar dos o tres cosas. La primera es que se cumplen 20 años del atentado del 11 de septiembre que, desde luego, supuso un cambio de paradigma por parte de la comunidad internacional en ese momento. Quince días después de ese atentado se aprobó por parte del Consejo de Seguridad la resolución 1373 que para mí, lo he utilizado muchas veces el término, es la “biblia” del contraterrorismo en el mundo. Es un poco irreverente el término pero creo que es suficientemente explícito y lo que en el fondo quiere decir es que ahí se recogen todas las medidas que los Estados deben poner en práctica para evitar que un ataque terrorista tenga lugar, y sobre todo, con el fin de llevar a los terroristas ante la Justicia por un lado y segundo que no exista un santuario para ellos en ningún país del mundo. Esa resolución tiene una serie de apartados y establece una serie de medidas que los Estados deben poner en práctica. Es una resolución aprobada por el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, por consiguiente es de obligado cumplimiento para todos los países miembros.

Ese es el primer punto que conviene subrayar, en estos días sobre todo. El lunes de la semana que viene hay una reunión abierta del Consejo para esa conmemoración y para explicar un poco cuál es la evolución de los países después de la aprobación de la resolución 1373. Y adicionalmente hubo una reunión de los grupos de trabajo donde participó precisamente el Dr. Marteau de la red global de cooperación con la Dirección Ejecutiva del Consejo de la que forma parte el CESH de la Universidad de Buenos Aires como único centro latinoamericano y que de alguna forma también presentaron cuál es un poco la situación de la amenaza desde la perspectiva de los “think tanks”, esta reunión tuvo lugar el día 3. Es un poco lo que se hace en la conmemoración de este 20 aniversario de la resolución 1373. Creo que ese es un punto que quiero subrayar al principio para después ir desglosando un poco cuál es la evolución en la región y cuáles son los temas que más me preocupan. Cuando daba una charla o una conferencia siempre ponía una foto de las Torres Gemelas después de los ataques y preguntaba a los participantes ¿ustedes se acuerdan perfectamente qué estaban haciendo cuando se produjo el atentado? Y efectivamente casi todo el mundo se acordaba qué estaba haciendo. Sin embargo, nos damos cuenta que vivimos en una sociedad en la que 20 años después todos aquellos que tienen menos de 30 años no tienen ese recuerdo y han vivido de una forma completamente ajena al atentado del 11 de septiembre. Incluso con explicaciones de todo tipo por parte de institutos o de organizaciones más o menos interesadas en difundir otro tipo de explicaciones. Lo curioso de esto es que al final se produce un relativismo enorme en la sociedad. Entonces los atentados terroristas importan solamente cuando nos afectan. Consideramos que todo aquello con lo que no estamos relacionados directamente no tiene repercusión para nosotros y eso produce que exista un relativismo social ante el terrorismo que lo único que permite es que se baje la guardia por parte de los Estados que no lo consideran prioridad porque ven la amenaza como muy lejana. Ahí es donde nosotros tenemos que poner un poco de énfasis porque un atentado terrorista puede ocurrir en cualquier parte del mundo a cualquier persona. Baste recordar a los argentinos que murieron en Nueva York en el otoño de 2017. Siempre hay víctimas, y el tema de las víctimas, en el cual insisto muchísimo, es lo que nos hace seguir trabajando en estos temas. No tiene ningún sentido trabajar en temas de control del terrorismo sino para evitar que se produzcan nuevas víctimas y sobre todo, para recordar el testimonio de todas ellas.

- ¿Qué es lo que están haciendo para impedir ese relativismo social que menciona?

- Para evitar ese relativismo social que se produce, esa especie de “no nos importa nada hasta que realmente nos ocurre”, hay un constante conservar la memoria precisamente de las víctimas. Que no nos cambien el relato. Aquí hay unas que son víctimas y otros que son verdugos, son terroristas. Se produce a veces una especie de movimiento social que trata de justificar a los unos sin respetar los mínimos derechos de los otros y todo eso también es importante que lo conservemos en mente cuando estamos hablando de estos temas.

Eso es un poco el escenario global, después voy a intentar explicar en la conferencia cuáles son los nuevos temas, las nuevas resoluciones, las nuevas obligaciones tanto en temas más generales como los de financiación, los vínculos entre criminalidad organizada y terrorismo, etc. Eso ya es un objeto de un desarrollo más pormenorizado.

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“Brasil no reconoce a Hezbollah como grupo terrorista y eso ya es un problema”

Este jueves 2 de septiembre se llevará a cabo la segunda jornada del ciclo de conferencias “El Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y con el auspicio de Infobae.

En esta jornada disertará Bernardo Machado Mota, presidente del Instituto de Prevenção á Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo do Brasil quien expondrá sobre “Los dispositivos institucionales de Brasil para combatir la financiación del terrorismo”. Infobae dialogó con el especialista quien anticipó detalles de su conferencia.

- Ud. va a disertar sobre los dispositivos institucionales para combatir la financiación del terrorismo ¿cuál la actual situación de Brasil en esa materia?

- No se si tú sabes, Brasil tardó muchísimo en tener una ley. Es algo que empieza como algo trágico y luego se vuelve en algo que para mí es mejor, el resultado es mejor que cuando empezamos a discutir eso. Lo que pasa es que la gente acá, no solamente en Brasil, creo que en Latinoamérica, en muchos países tenían esa visión de que estaríamos aislados del mundo sobre el tema terrorismo, y eso me parece una falacia muy grande. ¿Por qué? Porque, obviamente, sí es verdad que sacando un poco Perú que tenía un terrorismo local con Sendero Luminoso, Tupac Amaru, y las FARC colombianas, si uno quiere definirlas como grupo terrorista o guerrilleros o narcoterroristas, si sacamos estos dos países Latinoamérica no era un ambiente muy propicio a actos terroristas porque los últimos actos van mucho en la línea, digamos, extremismo religioso mezclado con un poco de política pero más religioso, creo que nosotros no tuvimos este problema acá, especialmente de los islámicos. Entonces se creía que estábamos aislados del mundo, que acá era un paraíso, que no teníamos terrorismo. Es media verdad porque de hecho al final se ve que el terrorismo se financia y mucho de lo que se hace en el mundo, los hechos demostraron que realmente la financiación del terrorismo viene de un lado donde generalmente no ocurre el acto terrorista, la financiación viene de otro lugar. Y estos lugares incluyen todos los países del mundo, puede ser Brasil, puede ser Argentina, puede ser cualquiera. O sea, teníamos que tener una visión un poco más financiera, de como se financian los grupos terroristas. Por ejemplo, el caso de los atentados en los Juegos Olímpicos de Munich, en 1972, fue un acto terrorista practicado por un grupo palestino contra la delegación de Israel.

¿Qué tenía que ver Alemania en eso? Nada, era solamente el escenario. Alemania fue el escenario simplemente porque era el país donde se desarrollaba un evento deportivo mundial, o sea, el mundo estaba mirando a Alemania en ese momento y obviamente el impacto de eso sería muy grande. Simplemente por eso, Alemania no tenía nada que ver con eso. Eso para decir que ningún país de ningún lado está aislado del mundo, puede ser el origen de una preparación de un acto terrorista, puede ser el escenario, puede ser el objetivo. Por ejemplo el atentado del 11 de septiembre, Estados Unidos era el objetivo final, se cometió ahí el acto porque el objetivo era atacar Estados Unidos. En el caso del atentado en Alemania en 1972 era el escenario. Pero ¿de dónde venía el dinero? Ahí está el punto, Brasil tardó mucho en tener esa conciencia de que la financiación del terrorismo puede venir de cualquier lado incluso del mismo Brasil. El tema era un tabú político muy fuerte. Nosotros tenemos una ley del año 1983, es decir en un contexto político completamente diferente del de hoy. Era un contexto político de dictadura militar, era la ley de seguridad nacional. Había un artículo ahí que decía “formar o establecer grupos paramilitares armados”, esa era la definición que teníamos de terrorismo. Y la de financiación era otro artículo que decía “mantener grupos armados paramilitares o subversivos”. O sea, el contexto político era malo y nosotros en Brasil creíamos que esa ley serviría para definir no solamente el terrorismo sino la financiación del terrorismo, algo que GAFI llegó a la conclusión que no, no estaba de acuerdo con los estándares internacionales. Estamos hablando específicamente de la Convención de las Naciones Unidas de 1999. Brasil tenía una ley del año 1983 donde las autoridades creían que era una ley que definía el terrorismo y la financiación del terrorismo como delitos penales, pero no, GAFI concluyó que no. Ahí comenzó la movilización no solamente política de las autoridades sino de entidades privadas y de todos los que estaban involucrados con este proceso de evaluación donde nadie quiere estar en los listados de GAFI porque el impacto financiero-económico es muy grande para un país que está mal y Brasil comenzó las discusiones para tener una ley que estuviera de acuerdo con los estándares internacionales.

Había un tabú político porque de todas formas asimilábamos a la ley de seguridad nacional donde el momento político era diferente, o sea, serían actos subversivos contra el gobierno cualquier movimiento en ese sentido podía ser interpretado como acto terrorista. Por ese motivo cuando llegaban las discusiones con los movimientos sociales y con los partidos de izquierda era muy difícil poner eso en la agenda del Congreso. Decían “no, esa es una agenda gringa, eso es una presión de GAFI, Brasil no tiene problemas con eso, si vamos a tener una ley de terrorismo y financiación del terrorismo van a incluir a los movimientos sociales.” Eso porque tenían la visión del otro momento, cuando se sancionó la otra ley, por eso se tardó muchísimo. La ley de Brasil que tipifica el terrorismo y la financiación del terrorismo fue aprobada recién en el año 2016. Y la otra ley, porque eran dos leyes que Brasil tenía que presentar ante el GAFI, para evitar el impacto financiero en el país, era para imponer las medidas para disponer el congelamiento de los bienes del terrorismo, salió en el 2019. Es decir, estamos hablando de una ley que tiene dos años y la otra poco más de cinco años, o sea, son leyes muy jóvenes pero la ventaja de eso es que pudimos corregir todos los errores que los países cometieron. O sea, cuál sería la definición, cuál sería las conductas, cuáles serían los tipos, los verbos típicos. Entonces se tuvo la oportunidad, por ser una ley que se aprobó más tarde, de que tenga los términos y los estándares un poco más actualizada. De hecho la ley que tenemos hoy, es una ley que yo considero que es buena, no voy a decir que está perfecta pero está buena frente a los estándares internacionales. No solamente la ley de financiamiento del terrorismo sino la ley sobre el congelamiento de bienes. Cometimos errores pero por lo menos tuvimos al final dos leyes que yo puedo decir que son buenas. Obviamente tener una ley en el papel está lindo pero ¿cómo la aplicamos y cuándo la aplicamos? Todavía no se aplicó, creo que no hay ningún caso de aplicación de esa ley, la de financiamiento del terrorismo. En Brasil aún no hay ningún caso. Puedes decir “pero ¿por qué? Porque no se comprendió bien lo que hay que hacer”, sí puede ser, pueden ser muchas cosas pero creo que ha pasado muy poco tiempo para tener una evaluación completa de la situación. Tenemos ahora buenas leyes pero todavía no se la ha aplicado todavía. Eso para empezar.

- El año pasado se conoció una información sobre una modificación de la legislación que estableció que el Consejo de Control de Actividad Financiera no podía reportar operaciones sobre terrorismo. ¿Esto es así? y si es así ¿le puede traer alguna consecuencia a Brasil ante el GAFI?

- En esa época yo trabajaba en el Consejo, que es la UIF de Brasil, y participé en la elaboración del anteproyecto. Lo que se preveía era mejorar las funciones de la unidad de inteligencia financiera. En uno de los artículos de ese anteproyecto la idea era poner una competencia que no existía en la ley vieja que sigue vigente, pero se aprobó una nueva ley adicionando más competencias a la unidad. Una de ellas era que la UIF tenía el poder de manejar y elaborar informes de inteligencia financiera que estén vinculados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación masiva de armas de destrucción masiva pero cuando llegó al Congreso algunos congresistas generaron una discusión donde creían que la UIF debía estar dedicada solamente al lavado. El financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva no deberían estar incluídos como facultad de la UIF porque -según dijeron- no es una tradición legislativa meter más cosas de las que ya se habían establecido en la ley anterior. Esa ley no sacaba las funciones de la ley vieja, es decir la UIF de Brasil, la COAF, tiene dos leyes que establecen sus competencias. La más nueva, la que fue más polémica y que fue objeto del estudio del Financial Times, fue cambiada, el Congreso finalmente sacó el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dejó solamente el lavado. Eso creo que fue un mal manejo político de los partidos que apoyan al gobierno. Yo no estuve en el Congreso para negociar esta parte pero yo hubiera sugerido que saquen también lavado de activos y que quede solamente “manejar y elaborar inteligencia financiera”, punto, pero dejaron lavado de activos y sacaron financiamiento de terrorismo y de proliferación lo que generó esa interpretación. El departamento jurídico del Banco Central con el que la UIF está vinculada, trató de que eso no afectara las competencias de la UIF de recibir información y trabajar información sobre financiación de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva porque la ley establece las competencias de la UIF sin perjuicio de la ley anterior que trata de otras competencias, y la ley anterior dice que la UIF puede recibir y analizar información de los delitos previstos en esa ley como lavado de activos y de cualquier otro delito.

O sea, de alguna manera hay una posibilidad que creo, por interpretación, que la ley vieja un poco balancea esa falta que se cometió en la ley nueva. Esto te lo estoy diciendo de una manera interpretativa, el Financial Times tuvo otra interpretación más legalista. La interpretación del departamento jurídico del Banco Central llegó a la conclusión de que pese a que se sacaron del texto de la nueva ley esas competencias la otra ley, la vieja, garantiza de alguna forma la posibilidad de que la UIF trabaje el tema de la financiación del terrorismo aunque la norma nueva no lo garantice expresamente. Sobre tu pregunta sobre si Brasil puede tener un problema, sí Brasil puede tener un problema. Como es interpretativo el GAFI puede interpretar que la UIF no puede reportar operaciones de financiación del terrorismo. Esto porque si en el anteproyecto estaba esa competencia y la sacaron es porque fue una decisión conciente de sacarla y si es una decisión conciente y se aprobó la ley sin esta parte, se puede interpretar que la UIF no puede reportar operaciones de financiación del terrorismo. Sin embargo, conociendo como se aplica la ley acá en Brasil yo tendría una postura intermedia, creo que sí existe la posibilidad de reportar operaciones de financiación de terrorismo, pero entiendo que sí puede generar una posibilidad de que se interprete que no se puede y eso sólo lo sabremos cuando GAFI venga a Brasil y tenga su visión de lo que pasó. En su momento tuve contactos con representantes de la embajada de Estados Unidos que me preguntaban porque ellos conocían el texto del anteproyecto, o sea, ellos sabían que se sacó la expresión “financiamiento del terrorismo”, es decir sabían que hubo una negociación en el Congreso para sacar eso del texto. Para mi es un tema que aún no es pacífico, entiendo la interpretación del Financial Times, no creo que sea cien por ciento correcta pero tampoco mi interpretación es cien por ciento correcta. Estoy basado en la visión del departamento jurídico del Banco Central pero para mí no hay una garantía que nuestra interpretación sea la correcta. Creo que es un buen tema para discutir. Ahí los juristas pueden discutir si no está escrito no se puede hacer, es una manera muy conservadora y muy interesante, es así. El principio del derecho público en Brasil es que una entidad que está establecida por ley, que tiene sus competencias establecidas por ley, sólo puede hacer lo que está expresamente dicho en la ley. Es diferente del privado que puede hacer todo lo que no está prohibido, en el derecho público sólo se puede hacer lo que está expresamente dicho. Es un debate jurídico interesante.

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Advierten que la Argentina no tiene un sistema eficaz para prevenir el terrorismo

Organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y con el auspicio de Infobae, se realizará a partir de este jueves 26 de agosto, el ciclo de conferencias denominado “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”. Durante esas jornadas se abordará un análisis realista de los dispositivos institucionales, la identificación de los riesgos y el grado de efectividad del sistema nacional de combate a la financiación del terrorismo frente a las evaluaciones mutuas. Esta es una actividad complementaria al posgrado de Combate Global de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que se dicta en la UBA.

Es una serie de 10 conferencias en las que expertos de reconocida trayectoria disertarán sobre la imposibilidad de la Argentina de contar con un sistema de combate de la financiación del terrorismo en un orden institucional fragmentado.

Infobae dialogó con Juan Félix Marteau, profesor titular de Criminología de la UBA y director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH).

- ¿Qué importancia tiene que el CESH haya sido incorporado a las Naciones Unidas?

- Lo primero que hay que destacar en relación a la incorporación del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica al Global Research Network de la ONU, particularmente a la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo es que, por un lado es una distinción porque es el único centro de América Latina que está dentro de esta red global; en segundo lugar es importante porque el centro va a poder participar de una multiplicidad de actividades que se llevan a cabo todos los años en las que el Comité contra el Terrorismo cada vez que tiene un tema que es motivo de una resolución hace consulta a los expertos, recoge las investigaciones y las opiniones de los expertos a nivel global y eso le permite sacar conclusiones fundadas para las resoluciones que dicta. Entonces es muy importante esa conexión del centro de estudios porque de alguna manera lo que nosotros podamos decir siempre orientados a la región va a tener un impacto, algún grado de influencia en el Comité contra el Terrorismo que es el máximo organismo en la materia de las Naciones Unidas.

- Ud. abre el ciclo de conferencias con el tema “La imposibilidad de un sistema nacional de combate de la financiación del terrorismo en un orden institucional fragmentado” ¿cuál es la situación de la Argentina?

- Como verás el título ya es mi hipótesis y mi conclusión, ya tomo posición desde el minuto cero respecto a lo que voy a decir en mi conferencia. Hay que señalar que la Argentina se ha sumado, por diferentes razones, a los programas de estandarización especializada que ha generado la globalización en estos últimos 20 años y esa inserción del país, a mi modo de ver, se ha hecho sin un lineamiento estratégico estratégico estatal que es fundamental para darle continuidad, coherencia y sobre todo eficacia a la posición de nuestro país en este mundo tan complejo, técnico y altamente especializado. Esto tiene que ver con las oscilaciones, con las vacilaciones de los gobiernos, con la ignorancia de la importancia significativa que tiene la lucha contra este tipo de criminalidad como es el lavado de activos y más específicamente la financiación del terrorismo. Ya ahí tenemos un problema de base, la Argentina está sumada a un programa de estandarización global pero no hay una continuidad, cada gobierno le da alguna pequeña importancia, después decae y después vienen las evaluaciones internacionales que es cuando a la Argentina la sacuden para que genere nuevos procesos de reacomodamiento que, en general, son reacciones poco inteligentes, porque al ser reactivo, bueno eso no es bueno. Ahora bien, esto en relación al subtítulo, una Argentina que se ha sumado a una globalización sin un marco estratégico adecuado desde mi punto de vista.

En segundo lugar lo que tengo para decirte es que el punto de partida de un tema tan extremadamente especializado, técnico como es el combate a la financiación del terrorismo requiere esencialmente por una cuestión propia de la obligación internacional a la cual la Argentina está obligada por las normas de las Naciones Unidas es que la respuesta tiene que ser sistémica, el país tiene que participar del combate global al terrorismo y a la financiación del terrorismo a través de un sistema nacional. Entonces destaco particularmente la importancia de este concepto, la importancia técnico-política de este concepto. Y además, por último, para terminar de responder a tu pregunta, digo que tenemos un orden institucional fragmentado, que es la base por la cual es muy difícil en un sistema nacional eficaz porque, en primer lugar la Argentina es un país en un programa de democratización ad infinitum, desde el año 1983 que nos estamos democratizando pero claro nuestra democracia es una democracia inmadura, en muchos casos formal, que no permite un debate de fondo sobre los temas estratégicos de la Argentina. Este es un primer signo de que tenemos un sistema institucional fragmentado. En segundo lugar, desde el puro plano estrictamente estatal, tenemos un Estado desguazado por la deuda externa y por los déficits internos que tenemos. Y en tercer lugar, en la otra punta de esta conexidad que requiere este aspecto del orden, es que tenemos un problema trágico que es que tenemos más de 50 por ciento de gente en la pobreza que requiere que el Estado esté ocupado en ser un asistencialista social y tenga muy pocas chances de ocuparse de temas de altísima sofisticación técnico-política. Por último, para darte otro elemento más, tenemos un pasado que nos acicatea de modo directo en esta problemática que es que después de los atentados a la embajada y a la AMIA nosotros no hemos sabido reconstruir un sistema consistente de prevención y respuesta represiva al terrorismo. Esto me hace decir a mí que, como punto de partida, tenemos un orden institucional fragmentado.

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El Colegio de Abogados de la Ciudad rechazó las declaraciones del Presidente sobre la duración de los jueces en sus cargos

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la propuesta del Presidente Alberto Fernández de poner un límite temporario a la duración de los jueces en sus cargos. La entidad advirtió que las afirmaciones del Jefe de Estado no se corresponden con la Constitución Nacional. “El Presidente ha declarado a estudiantes de Derecho que el cargo de juez o jueza del Poder Judicial de la Nación podría estar sujeto a una suerte de reválida cada diez años y que ese nuevo régimen no estaría en contradicción con la Constitución Nacional”, señaló el Colegio de Abogados de la Ciudad a través de un comunicado. El documento indicó que “a pesar de su afirmación, esta descuidada propuesta no sólo está en contradicción con la Constitución sino que se erige como un ataque más a la independencia del Poder Judicial de la Nación.”

Asimismo, sostuvo que proponer que los jueces sean revalidados en sus cargos cada 10 años es desconocer la historia constitucional pasada y la reciente. “Los constituyentes argentinos fueron muy cuidadosos al diseñar el Poder Judicial. Sabían que nociones esenciales básicas como seguridad jurídica, previsibilidad de las decisiones, independencia de la magistratura respecto de los otros poderes de gobierno y de grupos de presión de diverso origen, dependían de un diseño cuidadoso y de juristas ejemplares. Siguiendo los pasos de la Constitución norteamericana, se estableció que en tanto los magistrados designados observaran buena conducta permanecerían en su función de modo vitalicio y su salario no podría ser disminuido de manera alguna”, remarcó la entidad en el escrito.

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Alberto Garay fue designado presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Dr. Alberto F. Garay

Conforme las disposiciones legales referidas a la emergencia sanitaria, de modo telemático se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios que aprobó la Memoria y Balance correspondiente a los ejercicios 107º y 108º. Las palabras de apertura correspondieron al presidente saliente, Máximo FONROUGE, quien previo al inicio del acto invitó a los presentes a guardar silencio en homenaje a los socios fallecidos en los ejercicios referidos.

Durante el transcurso del acto se consagró la lista presentada.

Realizada la distribución de cargos tras la renovación de autoridades que concluyeron su respectivo mandato, el Directorio quedó así integrado:

Presidente: Alberto F. GARAY

Vicepresidente: Cecilia M. MAIRAL

Secretario: Manuel M. BENÍTES

Tesorero: Juan M. DEL SEL

Directores Titulares:

Rufino A. ARCE

Horacio Esteban BECCAR VARELA

Mónica N. CATANI

Julio C. DURAND

Florencia HEREDIA

Gustavo J. TORASSA

Jimena VEGA OLMOS

Carolina ZANG

Directores Suplentes:

Adolfo DURAÑONA

Francisco M. GUTIÉRREZ

Alberto F. Garay es abogado por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, donde también es Visiting Scholar. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Southwestern University de Estados Unidos. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacinoales e internacionales. Es autor de varios libros, entre ellos La doctrina del precedente en la Corte Suprema (2013). Actualmente es socio en el Estudio Carrió & Garay Abogados.

Alertan sobre las pocas sentencias por lavado de activos dictadas por los tribunales de Argentina

El proceso mediante el cual bienes de origen ilícito se integran al sistema económico legal dándole la apariencia de haber sido obtenidos de manera lícita es lo que se denomina lavado de activos, mecanismo detrás del que está el crimen organizado. Es así que cárteles de la droga, organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, por ejemplo, crean estructuras societarias, herramientas financieras cada vez más sofisticadas para introducir en el circuito legal fondos mal habidos. Esto constituye una grave amenaza global para el normal desarrollo de las instituciones financieras y económicas de los Estados.

El abordaje integral de esa temática es el objeto de la novena edición del Programa de Actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que comenzará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el mes de abril. El director del posgrado, Juan Félix Marteau, quien fuera Coordinador Nacional y Representante Argentino ante GAFI y es un reconocido abogado con vasta experiencia en temas de lavado y financiación del terrorismo, además de Prof. Titular de Criminología, dialogó con Infobae para explicar los alcances del curso.

¿Qué importancia tiene en la actualidad la prevención del lavado proveniente del crimen organizado?

El combate -que incluye acciones de mitigación, prevención y represión- del lavado de activos y también de la financiación del terrorismo continúa siendo un asunto de primer orden en la agenda internacional de la sociedad globalizada debido a que los activos o fondos vinculados al crimen organizado, al terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva tienen la capacidad de producir distorsiones severas en el orden institucional de cualquier país, corromper sus decisiones gubernamentales, debilitar su agenda política y económica. Lamentablemente, muchas organizaciones criminales hoy demuestran tener mayor poder económico que hace 30 años. Y muchos grupos terroristas -habiendo perdido el soporte de los Estados- han establecidos alianzas fuertes con estos grupos. Mientras tanto los Estados nacionales se “despolitizan” -pierden su capacidad de decidir qué enemigos enfrentar-, debido a las crisis fiscales y la corrupción e incapacidad de sus dirigentes.

¿Qué herramientas les brinda este posgrado a los alumnos en relación a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo?

No deja de sorprenderme la cantidad de buenos profesionales que hemos tenido como alumnos en las 8 ediciones que ofrecimos desde 2012. Se formaron con nosotros más de 500 profesionales tanto del sector público como del sector privado. El nivel de nuestros alumnos se complementa con la experiencia y excelente nivel del staff de profesores que en general son expertos que actúan en este campo. No es un curso de análisis teórico, sino una articulación de teoría y práctica como es propio de un programa de actualización.

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