Inteligencia Artificial en la abogacía: ¿aliada revolucionaria o amenaza latente?

 

La inteligencia artificial (IA) generativa, esa tecnología capaz de crear textos, imágenes y otros contenidos, está llamando a las puertas del mundo legal con una fuerza inusitada. Estudios recientes, como los realizados por Thomson Reuters, dibujan un panorama complejo: una profesión que reconoce el potencial transformador de la IA, pero que al mismo tiempo alberga dudas y enfrenta importantes desafíos para su adopción plena y segura.

Un futuro inevitablemente tecnológico

La percepción generalizada en el sector legal es clara: la IA ha llegado para quedarse y jugará un papel crucial. Un informe de Thomson Reuters de 2025 revela una expectativa abrumadora: el 95% de los profesionales del derecho encuestados anticipa que la IA generativa será fundamental en su trabajo diario en los próximos cinco años. Esta cifra contrasta con la realidad actual, donde solo un 15% considera que ya ocupa un lugar central en su flujo de trabajo.

Este optimismo se refleja en las crecientes tasas de adopción. El uso activo de IA generativa en las organizaciones legales casi se duplicó en un año, pasando del 14% en 2024 al 26% en 2025. La actitud predominante también ha virado; si en 2024 la "duda" era la reacción principal (35%), en 2025 la balanza se inclina hacia el "entusiasmo" (27%) y la "esperanza" (28%), mientras la duda desciende al 24%. Los abogados ya están aplicando estas herramientas principalmente para la revisión de documentos (77%), la investigación legal (74%) y la elaboración de resúmenes (74%).

Las sombras de la innovación: temores y carencias

Sin embargo, esta transición no está exenta de miedos y obstáculos significativos. Un estudio anterior de la misma Thomson Reuters (2024) ponía el foco en las preocupaciones persistentes. La amenaza percibida a los puestos de trabajo es notable: solo un 6% creía que la IA no representaba "ninguna amenaza" para el empleo legal, mientras que un 59% la consideraba una amenaza "moderada" o "importante". Datos más recientes del informe en PDF indican que solo un 10% cree que no hay amenaza, y otro 10% la ve como una amenaza significativa.

Las preocupaciones se extienden a la viabilidad económica de los despachos, con un 42% viendo la IA como una amenaza notable para los ingresos. Surgen también inquietudes éticas importantes, como el riesgo del "ejercicio no autorizado de la abogacía" mediante IA, considerado una amenaza por el 77% de los encuestados en el estudio de 2024.

A estos temores se suman dos carencias fundamentales: la formación y la regulación interna. A pesar de las altas expectativas, casi dos tercios (64%) de los profesionales declaran no haber recibido formación específica sobre IA generativa en 2025. Aunque esto supone una ligera mejora respecto al 76% de 2024, sigue siendo una brecha considerable. De forma similar, la ausencia de directrices claras es preocupante: más de la mitad (52%) de las organizaciones encuestadas carecía de políticas formales sobre el uso de IA generativa en 2025, aunque otro dato del mismo año sugiere que el 41% de los despachos sí tiene alguna política (ya sea específica o general de tecnología). Esta falta de preparación contrasta con el deseo de los clientes: un 57% manifiesta que le gustaría que sus asesores legales utilizaran IA, aunque la comunicación al respecto es escasa, ya que un 71% de los clientes corporativos desconoce si sus bufetes externos la emplean.

El camino hacia la integración: estrategia y supervisión humana

Los expertos coinciden en que el desafío no es principalmente tecnológico, sino organizacional. La clave reside en cómo integrar estas herramientas de forma eficaz y ética. Los informes sugieren pasos claros para los líderes de las firmas: invertir sostenidamente en tecnología, fomentar activamente su adopción, y establecer políticas de uso responsable y programas de formación continua.

Se insiste en que la IA debe verse como una aliada que potencia, no reemplaza, la pericia legal. La tecnología puede automatizar tareas rutinarias, analizar grandes volúmenes de datos y agilizar procesos como la revisión documental o la investigación, liberando tiempo valioso para que los abogados se centren en el pensamiento estratégico, la relación con el cliente y las tareas que requieren juicio crítico y empatía, cualidades intrínsecamente humanas. La supervisión humana ("human-in-the-loop") se considera esencial para garantizar la precisión, la ética y la calidad del trabajo asistido por IA.

Conclusión

El sector legal se encuentra en una encrucijada ante la inteligencia artificial. Por un lado, existe un reconocimiento creciente de su enorme potencial para transformar la profesión, aumentar la eficiencia y, potencialmente, mejorar el acceso a la justicia. Por otro, persisten temores fundados sobre el impacto laboral y ético, agravados por una notable falta de preparación en términos de formación y políticas internas. El futuro de la abogacía dependerá en gran medida de la capacidad del sector para navegar esta dualidad, adoptando la innovación de manera estratégica y responsable, sin perder de vista el componente humano esencial de la práctica legal. La carrera ha comenzado, y las organizaciones que logren este equilibrio definirán la próxima era de los servicios jurídicos.

Esta publicación es un breve artículo informativo, no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.

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Del griterío al Tribunal de Disciplina: Leila Gianni y Juan Grabois fueron citados por el Colegio de la Abogacía por la pelea en Comodoro Py

La escena, aunque breve, resonó con la fuerza de un síntoma preocupante: los pasillos del emblemático edificio de Comodoro Py, habituados al murmullo procesal y a la tensión contenida, se convirtieron recientemente en el escenario de un virulento cruce de acusaciones y descalificaciones entre la entonces Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el abogado y dirigente social, Juan Grabois. El eco de este altercado, ocurrido tras una audiencia clave por la distribución de alimentos retenidos por el gobierno, no se apagó en los tribunales federales; por el contrario, activó las alarmas del órgano encargado de velar por la conducta de los letrados en la Capital Federal.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), a través de su Tribunal de Disciplina, ha tomado cartas en el asunto y citó formalmente a ambos profesionales para el martes 29 de abril. La razón no es evaluar el fondo de la disputa política o social que los enfrenta –la urgente necesidad de distribuir toneladas de alimentos almacenados frente a los argumentos logísticos y de auditoría del Ejecutivo–, sino determinar si la conducta exhibida por Gianni y Grabois vulneró las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la abogacía.

Desde una perspectiva jurídico-profesional, el incidente plantea interrogantes ineludibles. El Código de Ética del CPACF impone a los matriculados deberes específicos de comportamiento, entre ellos, el mantenimiento del decoro, el respeto mutuo entre colegas y para con las instituciones, y una conducta general que no desprestigie la profesión. La pregunta central que deberá dilucidar el Tribunal de Disciplina es si un enfrentamiento verbal de alta intensidad, con insultos y acusaciones personales en la sede misma de la justicia federal, constituye una falta ética sancionable.

Es relevante recordar que ambos protagonistas actuaban en roles distintos pero vinculados a su profesión legal. Gianni, como funcionaria representando al Estado Nacional en una causa judicial sensible; Grabois, como abogado patrocinante de organizaciones sociales que reclaman una acción judicial concreta. Si bien la pasión inherente a la defensa de intereses contrapuestos, especialmente en contextos de alta conflictividad social y política, es comprensible, la abogacía exige un estándar de comportamiento que preserve la dignidad del foro y facilite, en lugar de obstruir, el funcionamiento del sistema de justicia.

La intervención del CPACF no es un dato menor. Subraya que, más allá de las identidades políticas o los roles funcionales, quienes ostentan un título y una matrícula habilitante están sujetos a un escrutinio específico sobre su conducta profesional. Las posibles sanciones, en caso de encontrarse mérito para ello, varían en un espectro que va desde el apercibimiento o la advertencia hasta la suspensión temporal en el ejercicio de la profesión, una medida de significativa gravedad.

Este episodio trasciende la anécdota del exabrupto. Refleja cómo la polarización extrema puede permear espacios institucionales que requieren un mayor grado de formalidad y respeto. La justicia, y por extensión sus operadores (jueces, fiscales, defensores y abogados litigantes), necesita preservar un ámbito de debate racional y respetuoso, incluso en las causas más ríspidas. El comportamiento de los abogados, como auxiliares de la justicia, es crucial en este sentido.

La decisión que adopte el Tribunal de Disciplina del CPACF sentará un precedente sobre los límites del debate y la confrontación entre abogados en el marco de procesos judiciales y dentro de edificios tribunalicios, especialmente cuando estos representan intereses antagónicos en causas de alto impacto público y político. Será una evaluación que distinguirá entre la vehemencia de la defensa y la posible transgresión de los deberes éticos fundamentales que garantizan la integridad y el respeto por la profesión legal y la administración de justicia. La sociedad, y en particular la comunidad jurídica, observará con atención.

Justicia argentina revive la causa contra Evo Morales por trata y abuso de menores

El laberinto judicial que involucra al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en Argentina ha dado un giro significativo. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (este último con disidencias parciales), ordenó recientemente la reapertura de la investigación contra Morales por delitos de extrema gravedad: trata de personas con fines de explotación sexual agravada y abuso sexual de menores. Esta decisión revoca el sobreseimiento dictado previamente por el juez federal Daniel Rafecas y obliga a retomar una pesquisa que parecía cerrada en la jurisdicción argentina.   

La denuncia original fue presentada en diciembre de 2020 por el entonces diputado Waldo Wolff, basándose en informes periodísticos y testimonios que señalaban a Morales por presuntas relaciones con menores de edad en Bolivia, identificadas como Noemí M. C. y Gabriela C. C., quienes habrían tenido 14 y 16 años respectivamente al inicio de los supuestos hechos (entre 2014 y 2019). La presentación se realizó en Argentina aprovechando la presencia de Morales en el país, donde residió como refugiado político tras su salida del poder en Bolivia.

Inicialmente, el juez Rafecas, tras una investigación preliminar delegada en el fiscal Guillermo Marijuán, había desestimado la causa. Su argumento principal se centró en la falta de jurisdicción territorial –los hechos habrían ocurrido íntegramente en Bolivia– y en la insuficiencia de pruebas que vincularan directamente a Morales con el delito específico de trata de personas según la legislación argentina, más allá de las posibles relaciones impropias o abusivas que pudieran constituir otros delitos bajo la ley boliviana. Rafecas entendió que no se configuraban los elementos típicos de la captación, traslado o acogimiento conar fines de explotación que definen la trata.

Sin embargo, el fiscal Marijuán apeló esta decisión, argumentando que la investigación había sido prematuramente clausurada y que existían indicios y obligaciones internacionales que demandaban una pesquisa más profunda antes de descartar la competencia argentina. Es aquí donde la Cámara Federal introduce un cambio de criterio fundamental.

El tribunal de alzada, en su fallo, consideró que la desestimación de Rafecas fue apresurada. Subrayó que, dada la gravedad de los delitos denunciados –trata de personas y abuso sexual infantil–, el Estado argentino tiene obligaciones bajo tratados internacionales (como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas) de actuar con la "debida diligencia" para investigar, perseguir y sancionar estos crímenes, máxime cuando el denunciado se encontraba en territorio nacional al momento de iniciarse el proceso.

Desde una perspectiva jurídico-penal, la Cámara no afirma la culpabilidad de Morales ni establece definitivamente la jurisdicción argentina, pero sí recalca que la etapa inicial de investigación fue insuficiente para descartarla por completo. En particular, los camaristas señalan la necesidad de explorar más a fondo si existieron elementos constitutivos de trata, como el posible aprovechamiento de la vulnerabilidad de las menores, un elemento clave en la configuración de este delito complejo. La diferencia de edad, la posición de poder de Morales y las circunstancias que rodearon las presuntas relaciones son factores que, según la Cámara, merecen un análisis más exhaustivo antes de cerrar la puerta a la investigación.   

La cuestión de la jurisdicción sigue siendo central. Si bien los hechos ocurrieron en Bolivia, la presencia de Morales en Argentina al momento de la denuncia y la naturaleza de los delitos invocados (que afectan bienes jurídicos protegidos internacionalmente) abren un debate sobre la posible aplicación de principios de jurisdicción extraterritorial o universal, aunque sea de forma subsidiaria o complementaria a la acción de la justicia boliviana. La Cámara parece inclinarse por agotar las instancias de investigación locales antes de declinar competencia.

La reapertura implica que el expediente volverá al juzgado de primera instancia para que se lleven a cabo las medidas de prueba que la Cámara considere pertinentes o que el fiscal solicite. Esto podría incluir la solicitud de cooperación jurídica internacional a Bolivia para obtener testimonios, documentos o cualquier evidencia relevante que obre en ese país. La defensa de Morales, por su parte, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de descargo en esta nueva etapa procesal.

En conclusión, la decisión de la Cámara Federal no es una condena anticipada, sino una reafirmación del deber del sistema judicial de investigar a fondo denuncias graves, especialmente aquellas que involucran la protección de menores y posibles violaciones a los derechos humanos amparadas por el derecho internacional. El camino procesal que se abre es complejo y estará marcado por debates sobre competencia, pruebas y garantías. Lo cierto es que la sombra de estas acusaciones vuelve a posarse sobre Evo Morales, ahora bajo el escrutinio reactivado de la justicia argentina.

Fallo Molina: La Justicia reafirmó que la cárcel no anula el derecho a un salario digno

imagen generada por IA

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió recientemente un fallo con profundas implicaciones para los derechos laborales de las personas privadas de libertad. El caso "Molina, José Aníbal c/ Gobierno p/ APA"  no es solo la historia de un hombre buscando una compensación económica; es un espejo que refleja las tensiones entre el deber de trabajar impuesto en contexto de encierro y el derecho fundamental a una retribución justa, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales.

José Aníbal Molina estuvo encarcelado por casi veinte años, desde mayo de 1996 hasta marzo de 2016. Durante este extenso período, no permaneció inactivo. El Sr. Molina trabajó consistentemente en diversos establecimientos penitenciarios de Mendoza: desde talleres de mimbrería en "Boulogne Sur Mer"  hasta labores de "fajinero" (limpieza y mantenimiento) en patios, módulos y escuelas en "San Felipe", "Almafuerte"  y la "Granja y Colonia Penal Gustavo André". Según consta, realizaba estas tareas y firmaba planillas de jornales.

Tras recuperar su libertad, Molina se enfrentó a una nueva lucha: el cobro de los salarios adeudados por esos años de trabajo. Su reclamo administrativo inicial ante el Gobierno Provincial no obtuvo respuesta, lo que lo llevó a solicitar un pronto despacho. Paralelamente, su intento de iniciar el trámite jubilatorio fue rechazado por ANSES, presumiblemente por la falta de aportes correspondientes a esos años trabajados. Incluso buscó exponer su caso ante la Legislatura, sin éxito aparente en obtener una solución.

La defensa del Gobierno Provincial y la Fiscalía de Estado reconoció parcialmente la situación. Admitieron la privación de libertad y que Molina prestó servicios "ocasionalmente" bajo las Leyes 24.660 y 8.465 (provincial). Presentaron planillas que reflejaban ciertos pagos realizados (un total de $1.064,50 en anticipos)  y reconocieron una deuda pendiente de $1.067,32 de fondo de ahorro y $383 de fondo disponible. Sin embargo, desconocieron cualquier servicio no registrado  y, crucialmente desde la perspectiva legal, opusieron la prescripción de dos años para cualquier reclamo anterior, basándose en la propia Ley 24.660.

El tribunal abordó el caso con una perspectiva de derechos humanos, reconociendo explícitamente la condición de vulnerabilidad del Sr. Molina, una persona mayor con problemas de salud, conforme a las Reglas de Brasilia y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El razonamiento central de la sentencia se ancló en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza condiciones dignas y equitativas de labor y una retribución justa. El tribunal enfatizó que este derecho alcanza a todos los trabajadores, sin distinción, incluyendo a aquellos en relación con la administración pública  y, significativamente, a las personas privadas de libertad.

Se citaron numerosos instrumentos internacionales (PIDESC, PIDCP, Convención Americana, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos) y jurisprudencia nacional que respaldan la equiparación de derechos laborales entre el trabajo libre y el penitenciario.

Un punto crítico fue la dificultad probatoria. ¿Cómo demostrar fehacientemente los días trabajados décadas atrás, cuando los registros son responsabilidad del empleador, en este caso, el Servicio Penitenciario? Aquí, el tribunal aplicó la teoría de las cargas probatorias dinámicas: quien está en mejores condiciones de probar (y legalmente obligado a registrar, según la Ley 8.465 ) es la demandada. La falta de respuesta y la incapacidad del Servicio Penitenciario para aportar los registros completos, a pesar de los requerimientos judiciales, no podía perjudicar al trabajador.

A través de medidas de mejor proveer y la información fragmentaria disponible, se logró establecer una cantidad mínima de días trabajados no remunerados: 2.505 días entre 1996 y 2003, y 727 días entre 2004 y 2016, además de los montos ya reconocidos por la demandada.

La condena fue clara: ordenar al Gobierno Provincial liquidar y pagar los créditos laborales adeudados. La liquidación debe respetar pautas fundamentales: el salario no puede ser inferior a tres cuartas partes del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM); deben deducirse y, crucialmente, integrarse los aportes a la seguridad social; deben calcularse los porcentajes correspondientes al fondo propio y al fondo de reserva del interno, depositándose este último a interés. Además, se calcularán intereses sobre el capital adeudado desde la fecha de recupero de la libertad hasta el efectivo pago, aplicando las tasas correspondientes según distintos períodos.

Más allá de la condena económica, la sentencia incluye un exhorto significativo a la administración para que realice gestiones ante ANSES por la falta de aportes previsionales denunciada, reforzado por un voto ampliatorio. Este punto es vital, ya que la omisión de aportes no solo afecta el presente económico del ex recluso, sino que compromete gravemente su futuro y su derecho a una jubilación digna.

El caso Molina es emblemático. Expone la negligencia administrativa en el registro y pago del trabajo penitenciario y reafirma que la privación de la libertad no anula los derechos laborales fundamentales. Obliga al Estado a asumir su rol de empleador con todas las responsabilidades que ello implica, incluyendo la previsión social. Para miles de personas que trabajan o trabajaron en cárceles argentinas, este fallo representa una luz de esperanza y un argumento jurídico sólido para reclamar lo que por derecho les corresponde: una remuneración justa por un trabajo realizado. Queda por ver si la administración tomará nota no solo para cumplir esta sentencia, sino para reformar estructuralmente la gestión del trabajo penitenciario y evitar futuras vulneraciones.

La UIF no podrá ser querellante en las causas judiciales

 

El gobierno argentino introdujo cambios significativos en el marco normativo para la prevención del lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) a través del Decreto 274/2025, publicado en el Boletín Oficial. 

Una de las modificaciones centrales de este decreto es la eliminación de la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en causas penales. El decreto establece que esta decisión se toma con el objetivo de dotar a la UIF de mayor autonomía, eficacia y eficiencia.

El argumento principal del decreto es que la figura de la UIF como querellante genera una superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal. Se indica que el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con la Constitución Nacional, es el órgano encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.

El Decreto 274/2025 también introduce otras modificaciones a la Ley N° 25.246. Se amplían las facultades de la UIF para requerir, recibir e intercambiar información con otras entidades públicas, incluyendo aquellas que desarrollan actividades de inteligencia, información o prevención.

Además, se explicita la colaboración de la UIF con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en materia de delitos de LA/FT/FPADM. El decreto establece que la UIF pondrá a disposición del Ministerio Público Fiscal los elementos de convicción obtenidos en sus investigaciones.

Texto completo del decreto

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