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miércoles, 4 de junio de 2025

Cómo es el proceso si el Presidente veta una ley

El Viaje de una Ley: ¿Qué Pasa si el Presidente la Veta en Argentina?

Entendé el proceso constitucional paso a paso de forma interactiva.

🏛️1. ¡Ley Aprobada!

El Congreso (Diputados y Senadores) debate y aprueba un proyecto de ley.

⬇️

👨‍⚖️2. Decisión Presidencial

El proyecto sancionado llega al Presidente. Tiene 10 días hábiles para decidir.

A. PROMULGACIÓN

El Presidente está de acuerdo. Promulga la ley (expresa o tácitamente).

📜✨

¡TENEMOS LEY! Se publica en el Boletín Oficial.

🚫B. VETO

El Presidente NO está de acuerdo. Fundamenta y VETA el proyecto.

VETO TOTAL: Rechaza TODA la ley.

VETO PARCIAL: Rechaza SÓLO UNA PARTE. (La parte no vetada puede promulgarse si tiene autonomía y no altera el espíritu del proyecto).

⬇️

↩️🏛️3. De Vuelta al Congreso

El proyecto vetado (con las objeciones del Presidente) regresa a la CÁMARA DE ORIGEN (donde se inició).

⬇️

🗣️4. Cámara de Origen Decide

La Cámara de Origen analiza el veto. Opciones:

🗑️

PROYECTO DESECHADO. No puede tratarse ese año.

⚖️ Para insistir, necesita: DOS TERCIOS (2/3) de los votos de los MIEMBROS PRESENTES.
⬇️

🏛️🔄5. Cámara Revisora Decide

Si la C. de Origen insistió (con 2/3), el proyecto (con el veto) pasa a la CÁMARA REVISORA.

La Cámara Revisora analiza el veto y la insistencia de la C. de Origen. Opciones:

🗑️

PROYECTO DESECHADO. El veto presidencial queda firme.

⚖️ Para insistir, también necesita: DOS TERCIOS (2/3) de los votos de los MIEMBROS PRESENTES.
⬇️

🏆📜6. ¡El Congreso Supera el Veto!

Si AMBAS Cámaras logran la mayoría de 2/3 para insistir...

📜✨

¡TENEMOS LEY! El proyecto vetado se convierte en ley. El Presidente DEBE PROMULGARLA Y PUBLICARLA.

Basado en los Artículos 80 y 83 de la Constitución Nacional Argentina.

Infografía interactiva. Haz clic en las opciones para explorar el proceso.

viernes, 30 de mayo de 2025

Caso $LIBRA: la fiscalía pidió informes de los teléfonos de Javier y Karina Milei, y en Estados Unidos congelan 280 millones de dólares



El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación penal, ha intensificado las pesquisas al solicitar el cruce de los registros telefónicos del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y otros implicados en el caso, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Esta medida, ordenada en marzo de 2025, busca esclarecer las comunicaciones previas al lanzamiento del criptoactivo el 14 de febrero de 2025, que desencadenó una presunta estafa millonaria. ¿Qué se sabe del estado actual del proceso y cómo seguirá esta investigación que pone en jaque al gobierno libertario?

El pedido de cruce de teléfonos: Una movida clave

El fiscal Taiano ordenó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) analizar los registros telefónicos de los involucrados para rastrear posibles coordinaciones previas al lanzamiento de $LIBRA. Esta criptomoneda, promocionada por Milei en un tuit desde la Quinta de Olivos, experimentó un alza meteórica desde $0.000001 hasta $5.20 en apenas 40 minutos, para luego desplomarse un 85%, dejando pérdidas estimadas en $250 millones para unos 74,000 inversores. La maniobra, calificada como un posible "rug pull" (estafa de abandono), motivó denuncias por abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

El cruce de teléfonos busca determinar si hubo comunicaciones entre Milei, su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia), y los empresarios implicados, como Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (KIP Protocol), quienes habrían tenido reuniones con el presidente en la Casa Rosada y en el evento Tech Forum en octubre de 2024. También se investigan los roles de Novelli, Terrones Godoy y Morales, este último exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien renunció tras el escándalo.

Estado actual de la causa

La investigación, delegada por la jueza federal María Servini al fiscal Taiano, avanza bajo secreto de sumario en aspectos relacionados con el presidente y su hermana. En abril de 2025, Taiano solicitó levantar el secreto bancario de los hermanos Milei, Novelli, Terrones Godoy y Morales para analizar su evolución patrimonial desde 2023. Además, se detectaron movimientos sospechosos, como el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de familiares de Novelli días después del colapso de $LIBRA, lo que reforzó las sospechas de maniobras para ocultar fondos.

En mayo de 2025, Servini ordenó inhibir los bienes de Novelli, Morales y Terrones Godoy por 90 días, mientras se profundiza la pesquisa sobre posibles transferencias ilícitas. Sin embargo, la causa enfrenta un conflicto jurisdiccional: la jueza Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro, reclama competencia porque el tuit de Milei se publicó desde Olivos, dentro de su jurisdicción. Este enfrentamiento, apelado por el fiscal Federico Iuspa, podría retrasar el proceso si no se resuelve pronto.

A nivel internacional, el caso ha generado repercusiones. En Estados Unidos, dos bufetes presentaron denuncias ante el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC, alegando que ciudadanos estadounidenses fueron estafados. En España, el diputado Gerardo Pisarello denunció a Milei por posibles fraudes, lo que podría derivar en investigaciones transnacionales.

¿Cómo seguirá la causa en Argentina?

El próximo paso de Taiano será analizar los resultados del cruce de teléfonos y los informes bancarios para determinar si existió una concertación previa al lanzamiento de $LIBRA. La UFECI también está rastreando sitios web y billeteras virtuales vinculadas al criptoactivo, como el aún activo Viva La Libertad Project, para identificar beneficiarios de la estafa. La falta de registro de Kelsier Ventures en la CNV y en Estados Unidos complica la trazabilidad de los fondos.

Fuentes judiciales indican que Taiano podría solicitar nuevas medidas, como citaciones a testigos o exhortos internacionales, aunque ha evitado hasta ahora pedidos directos a la Casa Rosada, como registros de visitas. La investigación enfrenta críticas por su ritmo lento y por el vínculo del hijo de Taiano, Federico, con el gobierno, lo que genera dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo, la presión de las denuncias internacionales y la magnitud de las pérdidas podrían forzar avances más contundentes.

Congelan en Estados Unidos US$280 millones

Un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Jennifer L. Rochon, ordenó el congelamiento de US$280 millones vinculados a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente argentino Javier Milei. La medida, dictada el 27 de mayo de 2025, busca preservar las ganancias generadas por la venta del token hasta determinar si hubo fraude, afectando a unos 75.000 inversores. Además, se inmovilizaron US$58 millones en USDC en billeteras de Solana, ejecutado por Circle Internet Group.

La demanda colectiva, liderada por los estudios Treanor Law y Burwick Law, acusa a Hayden Mark Davis, su familia, y otros implicados, como Benjamín Chow, de promocionar engañosamente $LIBRA como una inversión para la economía argentina. La causa, que pasó del fuero estatal al federal por "eficiencia judicial", se unificó con otra demanda por el token $M3M3, que comparte acusados y metodología.

Actualmente, los fondos están bloqueados hasta al menos el 9 de junio de 2025, cuando se celebrará una audiencia preliminar para que los demandados, que aún no han sido localizados, puedan impugnar la restricción. En Argentina, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano investigan posibles maniobras fraudulentas, solicitando datos telefónicos de Milei, su hermana Karina y otros implicados, además de geolocalizar a Davis.

El proceso en Estados Unidos avanza rápidamente, con los demandantes enfocados en evitar dilaciones, excluyendo a Milei de la acusación para no entorpecer el litigio. En Argentina, la causa podría escalar si se confirman vínculos entre los acusados y el Ejecutivo. La unificación de las demandas en Nueva York sugiere que el caso podría transformarse en una megacausa, con posibles derivaciones por lavado de dinero.

La audiencia del 9 de junio será clave para determinar si los fondos permanecen congelados. En paralelo, la justicia argentina busca reconstruir comunicaciones previas al lanzamiento de $LIBRA, lo que podría implicar a más actores. La colaboración internacional será crucial para rastrear los activos y garantizar justicia para los damnificados.

La licencia de la jueza Julieta Makintach y el proceso de juicio político en la provincia de Buenos Aires

La reciente licencia concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a la jueza Julieta Makintach por el escándalo del documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona colocó a la jueza al borde de un jury de enjuiciamiento. ¿Cómo es el proceso de juicio político que pueden enfrentar los jueces bonaerenses?. ¿Cuáles son las causales que pueden llevar a un magistrado a esta instancia?  ¿Quiénes intervienen en el Jurado de Enjuiciamiento?  A continuación, una explicación de cada etapa del proceso con una infografía detallada para comprender este mecanismo fundamental de la República.
Proceso de Juicio Político a Jueces en la Provincia de Buenos Aires

El Camino del Juicio Político a Jueces en Buenos Aires

Un resumen visual del proceso de enjuiciamiento y remoción de magistrados y funcionarios del Poder Judicial en la Provincia.

1

Inicio: La Denuncia

El proceso comienza cuando se presenta una denuncia contra un magistrado o funcionario.

  • ¿Quién puede denunciar? El Procurador General, Colegios de Abogados, una Comisión Bicameral especial o cualquier persona física o jurídica.
  • Causales principales: Delitos dolosos cometidos en ejercicio de sus funciones o una serie de faltas graves como incompetencia, negligencia, parcialidad o actos contra la dignidad del cargo.
2

Filtro de Admisibilidad

No toda denuncia inicia un juicio. Primero pasa por un filtro formal.

  • La Secretaría Permanente del Jurado revisa que la denuncia cumpla los requisitos formales.
  • Se solicita la opinión de la Procuración General y la Comisión Bicameral sobre si se debe abrir el proceso.
  • El Presidente del Jurado puede desestimar y archivar la denuncia si es manifiestamente infundada o no se basa en las causales previstas por ley.
3

Investigación: El Sumario

Si la denuncia es admitida, se inicia una investigación formal para recolectar pruebas.

  • Un Instructor lleva adelante un sumario que debe completarse en 90 días (prorrogables).
  • Se notifica al denunciado, quien tiene derecho a presentar un descargo, ofrecer pruebas y designar un defensor.
  • Medida excepcional: Si la gravedad de los hechos lo justifica, el Jurado puede ordenar el apartamiento preventivo del funcionario de su cargo.
4

Acusación Formal y Suspensión

Finalizada la investigación, se decide si hay mérito para una acusación formal.

  • Los legitimados para acusar (denunciante, Procuración, etc.) formalizan la acusación.
  • Si el Jurado admite la acusación, se dispone la suspensión inmediata del denunciado en su cargo.
  • Durante la suspensión, se le embarga el 40% de su sueldo.
5

Juicio Oral y Público

El núcleo del proceso, donde se debaten las pruebas y argumentos de forma pública.

  • El Jurado fija una fecha para el debate oral, que no puede exceder los 45 días.
  • Se producen las pruebas ofrecidas por la acusación y la defensa.
  • Finalmente, ambas partes presentan sus alegatos finales.
6

Veredicto y Sentencia

Tras el juicio, el Jurado de Enjuiciamiento delibera para tomar una decisión final.

  • La deliberación se realiza en sesión reservada.
  • El veredicto de culpabilidad requiere el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros del Jurado.
  • El Jurado aprecia la prueba según las "reglas de las libres convicciones".
👍

VEREDICTO ABSOLUTORIO

  • El funcionario es reintegrado inmediatamente a sus funciones.
  • Se le abona el 100% del sueldo retenido, con intereses.
  • Las costas del proceso, por regla, son a cargo del acusador particular.
👎

VEREDICTO CONDENATORIO

  • El único efecto es la remoción del cargo.
  • Se le impone la inhabilitación para ocupar otro cargo judicial en el futuro.
  • Si los hechos constituyen un delito, se envían los antecedentes a la justicia penal.

jueves, 29 de mayo de 2025

Ruta del Dinero K: la Corte Suprema desestimó los recursos interpuestos por Lázaro Báez y quedó firme la condena del empresario por lavado de activos


La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos de queja presentados por Lázaro Báez y otros imputados en la causa conocida como "Ruta del Dinero K", dejando firme la condena a 10 años de prisión para el empresario por lavado de activos de más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. La resolución, respaldada por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano y Ramón González, marca un hito en uno de los casos de corrupción más resonantes de Argentina, consolidando la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 y la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, el juez Carlos Rosenkrantz disintió, proponiendo que se consultara al Procurador General antes de resolver.

La causa, iniciada en 2013 tras un informe periodístico que reveló operaciones en la financiera SGI ("La Rosadita"), investigó una compleja red de lavado de dinero liderada por Báez, vinculada a Austral Construcciones, empresa beneficiada con licitaciones de obra pública. La Justicia determinó que los fondos provenían de maniobras de evasión fiscal y facturas apócrifas, aunque no se comprobó su relación directa con el caso Vialidad, donde Cristina Kirchner también está condenada. Las condenas, que incluyen a Martín Báez (6 años y 6 meses), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (6 años), y otros implicados, quedaron firmes tras el fallo, que aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para declarar inadmisibles los recursos por cuestiones formales.

El proceso judicial de Báez ha sido largo y complejo. Detenido en 2016, pasó de la prisión en Ezeiza al arresto domiciliario en 2020, donde permanece con tobillera electrónica. La defensa, liderada por Juan Villanueva, argumentó que la condena se basó en la aplicación retroactiva de la Ley 26.683 sobre autolavado, no vigente al momento de los hechos. Sin embargo, tanto el TOF 4 como la Casación desestimaron este planteo, considerando que los delitos ocurrieron bajo la legislación actual. La Corte, al rechazar la queja, cerró esta discusión, consolidando la sentencia.

Estado actual y continuación del proceso

Con las vías recursivas agotadas, el TOF 4 debe ahora ejecutar la sentencia. Esto implica recalcular las penas, considerando el tiempo que los condenados ya estuvieron presos. Para Báez, que cumple arresto domiciliario en El Calafate, el tribunal evaluará si debe volver a prisión. Otros imputados, como Martín Báez, excarcelado desde 2023, podrían enfrentar detenciones si sus penas superan los tres años, tras un análisis de su situación de salud. Además, se ordenó el decomiso de 54,8 millones de dólares y multas a empresas involucradas, un paso clave en la recuperación de activos ilícitos.

En paralelo, la situación de Cristina Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción. Aunque fue sobreseída por el juez Sebastián Casanello, la Cámara Federal revocó esa decisión tras aceptar a la ONG Bases Republicanas como querellante. La Corte también desestimó recursos de Kirchner contra esta reapertura y los jueces intervinientes, por no dirigirse contra una sentencia definitiva. Actualmente, se analizan pruebas, como un audio donde Báez menciona que su dinero era de alguien "de arriba" y un estudio contable para determinar si los fondos tuvieron como destino a Kirchner o sus allegados.

Este fallo refuerza la jurisprudencia sobre delitos de lavado y podría influir en la causa Vialidad, donde Kirchner enfrenta una condena de seis años. La decisión de la Corte, aunque técnica, tiene un fuerte impacto político, al consolidar un precedente contra la corrupción kirchnerista. Mientras tanto, el TOF 4 tiene la tarea de garantizar el cumplimiento de las pena.

Esta publicación es un breve artículo informativo, no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.

Para consultas podés enviar tu mensaje por whatsapp aquí o reservar una cita en este enlace


Declararon nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona


El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro declaró nulo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, un proceso que buscaba esclarecer las responsabilidades penales en el fallecimiento del ídolo futbolístico el 25 de noviembre de 2020. La decisión, tomada por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, se fundamentó en la conducta inapropiada de la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada tras descubrirse que participó en la grabación secreta de un documental titulado Justicia Divina durante las audiencias, violando la imparcialidad requerida. Este escándalo, calificado como un "bochorno mundial" por los letrados, ha dejado al proceso en foja cero, generando indignación entre los familiares de Maradona y postergando la búsqueda de justicia.

El juicio, iniciado el 11 de marzo de 2025, tenía como imputados a siete profesionales de la salud —el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el médico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni— acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. La acusación sostiene que el equipo médico actuó con negligencia en la internación domiciliaria de Maradona, quien murió a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio tras una cirugía por un hematoma subdural. Durante las 21 audiencias realizadas, más de 40 testigos, incluidas las hijas de Maradona (Dalma, Gianinna y Jana) y su ex pareja Verónica Ojeda, declararon, pero el proceso se vio empañado por las acciones de Makintach.

La nulidad se precipitó tras la recusación de Makintach el 27 de mayo, cuando la fiscalía presentó pruebas de su participación en un documental no autorizado. Videos filtrados mostraban a la jueza posando para cámaras, discutiendo con abogados y permitiendo el ingreso de un equipo de filmación a la sala, actos que comprometieron la transparencia del juicio. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires suspendió a Makintach por 90 días y enfrenta pedidos de juicio político. Los jueces Savarino y Di Tomasso, al declarar la nulidad, rechazaron continuar con un juez sustituto, argumentando que un nuevo tribunal garantizará imparcialidad.



Estado Actual del Proceso

Con la anulación, el juicio vuelve a la etapa preparatoria. La causa ha sido remitida a la Cámara Departamental de San Isidro, que deberá sortear un nuevo tribunal con tres jueces distintos. Este proceso incluye notificar a las partes, permitir un plazo de 10 días para eventuales recusaciones y realizar una audiencia preliminar para definir pruebas, testigos y la fecha del nuevo juicio. Fuentes judiciales estiman que el debate no comenzará antes de mediados o finales de 2026, prolongando la espera de justicia para la familia de Maradona.

Cómo Seguirá la Causa

El nuevo tribunal deberá organizar un juicio desde cero, lo que implica repetir las declaraciones de testigos, incluyendo a las hijas de Maradona y Verónica Ojeda, quienes expresaron frustración pero determinación para continuar. Las defensas de los imputados, en libertad hasta el nuevo debate, podrían argumentar que un segundo juicio viola el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, un planteo que podría complicar el proceso. La fiscalía, liderada por Patricio Ferrari, insiste en un juicio unificado para los siete acusados, mientras la enfermera Dahiana Madrid, no imputada en este proceso, enfrentará un juicio por jurados separado. La incorporación de pruebas, como pericias médicas que revelaron daños crónicos en los órganos de Maradona, será clave en el nuevo debate.

Este escándalo ha expuesto fallas en el sistema judicial argentino, generando críticas globales y un sentimiento de impotencia entre los familiares. Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, afirmó: “Si hay que declarar mil veces, lo haremos, pero queremos justicia”. El caso Maradona, lejos de resolverse, sigue siendo un símbolo de la complejidad y los desafíos de la justicia en Argentina.

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