Este jueves 23, a las 18, continuará la serie de conferencias organizada por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), y con el auspicio de Infobae, denominada “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”.
La cuarta disertación de este ciclo será sobre “Los dispositivos institucionales de Uruguay para combatir la financiación del terrorismo” y estará a cargo de Daniel Espinosa, ex Secretario Nacional Antilavado de Uruguay. Infobae dialogó con el experto.
- ¿Qué nos podría anticipar sobre lo que va a tratar en su conferencia?
- La idea mía es hablar sobre el contexto de Uruguay. Nosotros tenemos una evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que fue aprobada en 2017 y, a partir de ahí, se han adoptado una serie de medidas importantes en la materia, sobre todo legal y reglamentaria en cuanto al combate y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nosotros como todos los países de la región, imagino, somos países que a veces nos sentimos un poco ajeno a estas cuestiones que suenan como muy lejanas, la percepción de riesgo en Uruguay es baja a pesar de que hay movimientos terroristas en la región, de que ha habido atentados aquí enfrente nomás en Argentina, atentados en Europa no hace tanto. A pesar de que tenemos conciencia de que un atentado terrorista puede ocurrir en cualquier país del mundo y que además el financiamiento del terrorismo puede ocurrir en cualquier país del mundo, a veces nos cuesta ser conscientes de eso y actualizarnos.
Afortunadamente a partir de esa evaluación de riesgo que Uruguay hizo en 2017 se determinó que había un riesgo bajo en función de que no hay elementos como para indicar lo contrario. Pero se determinó que si bien la amenaza puede llegar a ser baja o media las vulnerabilidades que tenía nuestro sistema eran mayúsculas, eran muy importantes, porque no teníamos una legislación actualizada en materia de financiamiento del terrorismo. La última modificación legal que teníamos era de 2004. Por ahí va a versar parte de la charla.
Uruguay proyectó y aprobó una nueva ley en 2019 y a partir de ahí por lo menos tenemos un contexto legislativo actualizado que nos permite cumplir, por ejemplo, las sanciones que establece la ONU tanto para financiamiento de terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva y también nos permite cooperar internacionalmente en caso de que seamos requeridos. No alcanzaría sólo con una modificación legal. La modificación legal se hizo, lo que se empezó a implementar también es el grupo de trabajo sobre financiamiento del terrorismo -hecho por el Estado uruguayo- en el que trabajan conjuntamente la Secretaría de Inteligencia Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, la Secretaría Antilavado que es la coordinadora del material antilavado. Todos los organismos competentes estamos tratando de trabajar a partir de agosto de 2018, que fue cuando se creó este grupo, orientando las acciones específicamente al financiamiento del terrorismo. Es un ámbito en el que se trata de juntar autoridades que muchas veces no trabajan juntas. Quizás ese el parte del problema que hemos tenido hasta ahora, de no juntar esos mundos distintos y no entender este fenómeno de financiamiento del terrorismo que los junta y aprovecha la falta de cooperación que hay a veces en los países.
-¿Cómo es ese trabajo conjunto? ¿está dando resultados?
- Ese grupo se reúne periódicamente y lo que ha tratado de hacer, por ejemplo, es encarar determinadas cuestiones que no se estaban realizando como implementar determinados controles financieros a movimientos financieros de determinado tipo con determinados países o regiones o con otras inusualidades. También lo que ha encarado este grupo es el gran tema de las organizaciones sin fines de lucro y su posible utilización como instrumentos para encubrir el financiamiento del terrorismo. Ahí sí tenemos un amplísimo campo de acción que se ha tratado de determinar -siguiendo lo que dicen las recomendaciones de GAFI- dentro de ese marco general de miles de organizaciones sin fines de lucro tratar de determinar cuál es el grupo de organizaciones que podría potencialmente representar un riesgo en materia de financiamiento de terrorismo. Eso se va mejorando, se va haciendo un seguimiento de las actividades de esas organizaciones y por lo menos ya hay un cierto conocimiento del mundo de las organizaciones sin fines de lucro que es tan amplio que a veces cuesta abarcarlo. Se empezó por ahí, se hizo una lista, esa lista puede tener incorporaciones o pueden retirarse entidades que en un principio parecieron como de riesgo pero es un seguimiento que nunca se había hecho en el país.
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