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jueves, 25 de abril de 2024

El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci dijo que esa agencia puede hacer un gran aporte en la lucha contra el narcotr谩fico

Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Informaci贸n Financiera


En una clase magistral que dio inicio a la 12a. edici贸n del Programa de Actualizaci贸n sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo que se dicta en la Universidad de Buenos Aires, el Presidente de la Unidad de Informaci贸n Financiera, Ignacio Yacobucci hizo una pormenorizada exposici贸n sobre los desaf铆os de su gesti贸n al frente del organismo antilavado.

Comenz贸 explicando en qu茅 etapa est谩 la evaluaci贸n mutua que realiza el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) cuyos representantes estuvieron en nuestro pa铆s hasta fines de marzo. A comienzos de mayo enviar谩n el primer borrador, luego elaborar谩n un segundo borrador, en agosto habr谩 una entrevista con las autoridades argentinas y en octubre se conocer谩 la calificaci贸n de la Argentina en la materia.

Sobre este aspecto indic贸 que el GAFI eval煤a la efectividad del sistema de prevenci贸n de lavado y para medir esa efectividad es necesario hacer un an谩lisis del cumplimiento normativo t茅cnico del pa铆s. Analiza la fortaleza y la confiabilidad del sistema de prevenci贸n de lavado de activos y emite un informe final. “GAFI pone el ojo en la efectividad del sistema”, dijo Yacobucci.

El funcionario analiz贸 la correlaci贸n entre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que se reciben y las condenas penales y anticip贸 que el organismo trabajar谩 para mejorar la efectividad.

Explic贸 adem谩s el impacto y la relevancia que tiene la calificaci贸n del GAFI. Sobre este aspecto remarc贸 que una mala calificaci贸n del sistema de prevenci贸n de lavado, que diga que no es confiable, termina impactando en la relaci贸n que la Argentina tiene con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y el FMI con consecuencias inmediatas tanto en la posibilidad de financiaci贸n como en el comercio internacional tanto del Estado Nacional como de los Estados provinciales.

En este sentido, Yacobucci puso especial 茅nfasis en destacar que la necesidad de tener un sistema de prevenci贸n s贸lido es una cuesti贸n de Estado. “Hoy necesitamos jerarquizar m谩s nuestro sistema de prevenci贸n, necesitamos mostrar m谩s la importancia que tiene el sistema de prevenci贸n, la importancia que tiene a nivel estrat茅gico”, remarc贸 el titular de la UIF.

Por otro lado, se refiri贸 a la normativa que los abogados deber谩n cumplir como sujetos obligados en cuanto a la identificaci贸n, evaluaci贸n, monitoreo, administraci贸n y mitigaci贸n de los riesgos de lavado de activos. Sobre este tema Yacobucci anticip贸 su decisi贸n de trabajar con los Colegios de Abogados. “No queremos que la UIF se transforme en una carga pesada para los abogados”, dijo Yacobucci.

Consultado sobre la situaci贸n de Rosario y lo que puede ofrecer la Unidad de Informaci贸n Financiera el funcionario aclar贸 que “la UIF no es la DEA”. Y a帽adi贸: “Algunos pensaron que la UIF iba a ir a romper puertas, a detener gente y a decomisar sustancias. Y la UIF no es eso, no va a serlo ni puede serlo. La UIF puede aportar mucho pero no es la DEA, no es una agencia espec铆fica de prevenci贸n en materia de estupefacientes. La UIF tiene como misi贸n sustancial y esencial -y esa es su raz贸n de ser- la inteligencia financiera.”

Al respecto indic贸 que la UIF puede aportar a los fiscales federales todo un basamento para potenciar sus investigaciones. Los informes del organismo antilavado le pueden dar al fiscal un panorama claro y concreto de personas que est茅n investigando. Sin embargo, aclar贸 que esos informes son de inteligencia y, por lo tanto, no son prueba. La prueba la debe producir el fiscal a partir de esa informaci贸n que es relevante ya que, por ejemplo, le puede permitir al representante del ministerio p煤blico solicitar r谩pidamente medidas cautelares respecto de los activos de origen il铆cito. “El gran aporte que puede hacer la UIF a lo que es la investigaci贸n penal y la lucha contra el narcotr谩fico es darle un soporte a la teor铆a del caso del fiscal”, se帽al贸 Ignacio Yacobucci.

Le茅 la nota completa en infobae

lunes, 15 de abril de 2024

As铆 opera en Latinoam茅rica Hezbollah, la organizaci贸n terrorista responsable del ataque a la AMIA


“El atentado de 1994 en Buenos Aires fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la direcci贸n de las autoridades del Estado Isl谩mico de Ir谩n, en el marco de la Jihad Isl谩mica, y con la intervenci贸n principal de la organizaci贸n pol铆tica y militar Hezbollah”, concluy贸 en su voto Carlos Mahiques, juez de la Sala II de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal al que adhirieron Angela Ledesma y Diego Barroetave帽a al dictar sentencia en la causa que investig贸 el mayor ataque terrorista sufrido por nuestro pa铆s.

A casi 30 a帽os del atentado a la AMIA, la actividad del grupo chi铆ta no ha terminado en Latinoam茅rica sino que contin煤a. As铆 lo advirti贸 Eitan Azani, Director de Investigaciones del Instituto Internacional de Contraterrorismo de la Universidad Reichman de Israel. El especialista indic贸 que Hezbollah es una organizaci贸n que tiene capacidad global, que adem谩s act煤a como representante de Ir谩n y una de las 谩reas donde quiere promover sus objetivos es Latinoam茅rica. La organizaci贸n terrorista realiza adem谩s actividades de narcotr谩fico con la intenci贸n de obtener m谩s dinero que le permita financiar sus operaciones en la regi贸n.

Para llevar adelante sus objetivos, Hezbollah tiene un presupuesto global de 2.000 millones de d贸lares aportados en buena medida por Ir谩n aunque no en su totalidad y por ese motivo se involucra en diversas operaciones vinculadas con el crimen organizado.

Un ejemplo de esta diversificaci贸n de actividades criminales es la relaci贸n que mantiene en la zona de la Triple Frontera con el Primer Comando Capital (PCC). “En esta zona en particular tambi茅n se ha corroborado la presencia de otras organizaciones como el Primer Comando Capital, que es una de las mayores organizaciones criminales brasile帽as y que est谩 est谩 vinculada a Hezbollah en operaciones de tr谩fico de drogas y atracos a bancos”, cont贸 Josefina Aghemo, ex fiscal de Paraguay y especialista en delitos econ贸micos, en di谩logo con Infobae. El PCC tiene como modalidad robar bancos haciendo estallar cajeros autom谩ticos, una especialidad del grupo criminal brasile帽o desde mediados de 1990. Seg煤n la experta, la organizaci贸n terrorista est谩 asociada al PCC en el cultivo y producci贸n de marihuana, la falsificaci贸n de marcas, el tr谩fico de armas y municiones, y en particular de explosivos que son ingresados a Brasil y constituyen un elemento esencial para las detonaciones de los cajeros autom谩ticos.

La presencia del grupo terrorista en Latinoam茅rica es promovida por Ir谩n que tiene una fuerte pol铆tica expansionista en la regi贸n. La envergadura de las actividades de este pa铆s son comparables a Rusia. En 2022, Latinoam茅rica export贸 5.000 millones de d贸lares a Ir谩n, la mayor parte de esas ventas fueron de Brasil, seg煤n datos del Fondo Monetario Internacional. En el vecino pa铆s, Hezbollah mantiene estrechos lazos con comunidades integradas por alrededor de un mill贸n de libaneses chi铆tas -aunque no todos son miembros de la organizaci贸n- asentadas en las ciudades brasile帽as de Foz de Iguaz煤, San Pablo y Curitiba.

“Las mismas redes que utiliza Hezbollah para el lavado de activos de los grandes sindicatos del crimen organizado son usadas para ofrecer log铆stica para otras actividades como la planificaci贸n de atentados”, advirti贸 Emanuele Ottolenghi, investigador de la Fundaci贸n para la Defensa de las Democracias, que tiene su sede en Washington, entrevistado por Infobae.

¿Por qu茅 la organizaci贸n terrorista eligi贸 Latinoam茅rica? El especialista consider贸 que una de las razones es que en las 煤ltimas d茅cadas, pese a los aportes iran铆es, Hezbollah empez贸 a depender m谩s del autofinanciamiento. Con este objetivo se involucr贸 en tr谩ficos il铆citos como intermediario sobre todo ofreciendo servicios de lavado de activos a los grandes sindicatos criminales y a los carteles de la droga. “Claramente como Latinoam茅rica es la fuente principal de coca铆na -una de las drogas m谩s populares en el mundo- aqu铆 tienen una base poderosa que facilita las transferencias de mercader铆as il铆citas hasta mercados lejanos”, dijo Ottolenghi y a帽adi贸 “pero hay otro elemento tambi茅n, porque las mismas redes que se utilizan para transferir, facilitar la log铆stica y repatriar el dinero pasando por redes de lavado tambi茅n pueden ser activadas para ofrecer log铆stica para otras actividades como la planificaci贸n de atentados.”

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martes, 9 de abril de 2024

El STJ de Entre R铆os aprob贸 una gu铆a para que los jueces usen lenguaje claro y eviten las expresiones en lat铆n


El Superior Tribunal de Justicia de Entre R铆os (TSJER) aprob贸 la Gu铆a de Estilo para un lenguaje judicial claro elaborada por un equipo formado por magistrados y funcionarios del Poder Judicial. El proyecto se inici贸 por solicitud de la vocal del Tribunal, Gisela Schumacher en 2022 y el grupo termin贸 integrarse el 14 de junio del a帽o siguiente.

La gu铆a tiene como objetivo efectivizar el acceso a la justicia, mejorar la calidad del servicio de justicia y facilitar la producci贸n de documentos y audiencias judiciales en los que el lenguaje sea sencillo. Adem谩s resguardar el derecho de la poblaci贸n a entender qu茅 es lo que se quiere comunicar.

En la introducci贸n de este documento, los autores se帽alan que aportar谩 herramientas para sortear barreras y lograr una comunicaci贸n sencilla a trav茅s de un lenguaje jur铆dico m谩s comprensible.

La gu铆a est谩 dise帽ada teniendo en cuenta tres ejes: uno destinado a las producciones escritas, tanto sentencias como actos administrativos; otro para las audiencias orales y el tercero para las comunicaciones judiciales como notificaciones, c茅dulas y oficios.

En cuanto a la estructura y estilo del texto se sugiere a los jueces que escriban oraciones cortas -con una sola idea por oraci贸n- que no superen las 30 palabras y p谩rrafos de no m谩s de 6 l铆neas.

Adem谩s recomienda utilizar la voz activa en la que el verbo es directo y como consecuencia las oraciones son m谩s cortas. Por ejemplo: en lugar de escribir “la audiencia fue fijada por el juez”, aconseja que sea “el juez fij贸 la audiencia.” Tambi茅n se aconseja que magistrados y funcionarios en caso de incluir t茅rminos t茅cnicos o informaci贸n compleja, a continuaci贸n se los explique en lenguaje corriente.

Otra sugerencia es evitar el uso de palabras que son habituales en los escritos judiciales como actor, demandado, amparista, recurrente, quejoso; y en cambio se nombre a cada parte por su nombre y apellido.

El contenido del mensaje debe estar compuesto por t茅rminos habituales y en lenguaje inclusivo. El objetivo del lenguaje claro es acercar a su p煤blico destinatario el criterio o argumento jur铆dico y exponerlo de tal manera que su comprensi贸n sea accesible para la ciudadan铆a.

Gisela Schumacher se帽al贸 que el lenguaje jur铆dico es un lenguaje t茅cnico que se ense帽a en la facultad y en los libros que se explica de modo complejo lo que hace que “muchas personas no puedan entender aquellas cosas que nosotros transmitimos” y a帽adi贸 que las personas que se contactan con el Poder Judicial tienen un derecho a entender porque ese derecho les permite ejercer otros derechos como defenderse.

“La idea es trabajar con pautas o reglas que en principio no son de cumplimiento obligatorio, pero s铆 sugerencias para todas las personas que trabajan en el Poder Judicial para que se utilicen formas m谩s simples de comunicaci贸n”, indic贸 Schumacher. La magistrada se帽al贸 adem谩s como ejemplo, que es una tradici贸n en el lenguaje jur铆dico escribir palabras en lat铆n, “bueno, una de las recomendaciones es no usar el lat铆n y si no hay otro remedio, se explica qu茅 quiere decir.”

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domingo, 31 de marzo de 2024

Los menores de 16 a帽os que delinquen quedan libres por una ley de la dictadura que sigue vigente


En las horas previas a la Nochebuena de 2016, a eso de las tres de la tarde, dos sujetos que iban en moto asaltaron a dos mujeres en la esquina de Rivera Indarte y Asamblea, en el Bajo Flores. A pocas cuadras del lugar est谩 el acceso a la villa 1-11-14. 

Mientras las v铆ctimas del robo forcejeaban con los asaltantes, qued贸 en el medio de la escena el auto que conduc铆a Enrique Aguinaco. A su lado estaba Brian, su nieto de 14 a帽os. Los ladrones le dispararon en la cara. Fue trasladado por su abuelo al Hospital Pi帽ero donde recibi贸 las primeras atenciones. 

Uno de los m茅dicos que estaba en ese momento en la guardia relat贸: "un rosario de gotas de sangre marcaban el camino desde el autom贸vil que lo traslad贸 hasta el shock room. Su herida en el cuello era una canilla de sangre que apagaba su vida…". Brian fue llevado luego al Hospital de Ni帽os Ricardo Guti茅rrez y tras agonizar durante dos d铆as falleci贸.

Uno de los acusados por el crimen de Brian fue apresado por Interpol en Chile adonde hab铆a huido. En ese momento, Brian Joel Cruz Gonz谩lez ten铆a 15 a帽os. Si hubiese matado en cualquier pa铆s de Europa o de Am茅rica Latina estar铆a preso. Pero el hecho ocurri贸 en Argentina donde la legislaci贸n vigente dice que aunque haya cometido un crimen aberrante, si tiene menos de 16 a帽os no es punible, es decir, ni siquiera se lo puede juzgar. 

La norma que establece el r茅gimen penal aplicable a los menores que delinquen es el decreto-ley nro. 22.278 del 25 de agosto de 1980 y lleva la firma de Jorge Rafael Videla. En su art铆culo primero se indica que no ser谩 punible el menor que al momento del hecho no haya cumplido los 14 a帽os. En mayo de 1983, a trav茅s de otro decreto-ley, -firmado por Reynaldo Bignone, el 煤ltimo presidente durante la 煤ltima dictadura militar- se elev贸 la edad de imputabilidad a los 16 a帽os. Seg煤n esta norma, el menor de 16 a帽os que haya cometido un delito -una vez corroborada la edad- no debe ser sometido a proceso penal y se debe decretar sin m谩s el sobreseimiento.

La ley nunca se derog贸  y por ese motivo en enero de 2017 el juez Enrique Vel谩zquez orden贸 liberar al adolescente acusado de asesinar a Brian Aguinaco y lo autoriz贸 a viajar a Lima, donde viv铆an sus abuelos a quienes les di贸 la tutela del menor.

El jueves pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich inform贸 que hab铆an detenido a un adolescente de 15 a帽os quien est谩 sospechado de ser el autor del crimen de Bruno Busanich, el empleado de una estaci贸n de servicio de Rosario asesinado a sangre fr铆a. 


Tras este hecho conmocionante, el Presidente Javier Milei instruy贸 al titular de la cartera de Justicia, Mariano C煤neo Libarona para que le de forma a la brevedad a un proyecto de ley para bajar a 14 a帽os la edad de imputabilidad. 

Este s谩bado el ministro de Justicia public贸 en su cuenta de X una fotograf铆a con un posteo en el que indic贸 que estaba trabajando en una nueva ley de minoridad que ser谩 enviada en los pr贸ximos d铆as al Congreso. De esta manera y si el parlamento aprueba la iniciativa se pondr谩 fin a una ley firmada por Jorge Rafael Videla y modificada por Reynaldo Bignone que el autodenominado progresismo argentino durante d茅cadas se resisti贸 a cambiar. 

martes, 19 de marzo de 2024

Lo denunciaron por delitos de lesa humanidad para cobrar una indemnizaci贸n de 140 millones de d贸lares y 15 a帽os despu茅s fue sobrese铆do


La jueza federal Mar铆a Romilda Servini sobresey贸 al ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal en una causa iniciada por Eduardo Saiegh -ya fallecido-, ex due帽o del Banco Latinoamericano, por delitos de lesa humanidad.

El expediente se inici贸 por una denuncia de Saiegh en febrero de 2019, en la que manifest贸 que el 31 de octubre de 1980 hab铆a sido secuestrado por una comisi贸n paramilitar y que durante seis d铆as hab铆a sido “salvajemente” torturado para que confesara delitos inexistentes en el Banco Latinoamericano del que era propietario con el objetivo de desapoderarlo de la entidad financiera y de todos sus bienes.

Dijo adem谩s que fue liberado despu茅s de siete d铆as y que pudo salvar su vida a cambio de un pacto de silencio de 20 a帽os. Para poder involucrar a Reynal en esta denuncia por supuestos delitos de lesa humanidad pidi贸 y -con el apoyo del entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde- logr贸 que la Sala II de la C谩mara Federal ordenara el desarchivo de un expediente por extorsi贸n contra Alejandro Reynal en el que el ex funcionario del Banco Central hab铆a sido sobrese铆do. El tribunal de alzada declar贸 la conexidad con la causa por el supuesto secuestro y torturas y adem谩s dispuso que ambos legajos fueran acumulados para que prosiguiera la investigaci贸n impulsada por las partes acusadoras.

Jueza federal Mar铆a Romilda Servini


Lo cierto es que luego de un largo proceso no se pudo comprobar que Saiegh hubiera sido secuestrado y mucho menos torturado. Durante la investigaci贸n quedaron al descubierto numerosas inconsistencias en el relato de los supuestos hechos denunciados por el fallecido banquero.    

Vale recordar, para entender la maniobra, que el Grupo Greco, que era due帽o del Banco Los Andes, y Saiegh intentaron cobrar indemnizaciones millonarias del Estado Nacional por la liquidaci贸n de sus bancos durante la crisis que arrastr贸 tambi茅n al Banco de Intercambio Regional (BIR), Oddone y el Banco Internacional. Esas entidades fueron liquidadas por insolvencia a ra铆z de operaciones de “autopr茅stamos”.

Seg煤n consta en la causa, Eduardo Saiegh no apel贸 el sobreseimiento de Reynal en el expediente en el que el ex n煤mero 2 del BCRA hab铆a sido acusado por extorsi贸n por haber negociado una indemnizaci贸n con la Procuraci贸n del Tesoro; lo mismo que hab铆a hecho el Grupo Greco.

En 2006, la entonces ministra de Econom铆a, Felisa Miceli lleg贸 a firmar una resoluci贸n favorable a los Greco y luego debi贸 retractarse cuando los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales la denunciaron en el Congreso.

Con ese antecedente, su sucesor al frente de la cartera de Econom铆a, Carlos Fern谩ndez, se neg贸 a pagar una indemnizaci贸n de 140 millones de d贸lares a la financiera Inversai de Eduardo Saiegh, mientras no tuviera una sentencia que lo ordenase.

Frustrado el intento de cobrar indemnizaciones de cientos de millones de d贸lares, la 煤nica chance que ten铆a Saiegh de conseguir que el Estado Nacional le diera ese dinero era convertirse en v铆ctima de delitos de lesa humanidad. De esta manera -con la ayuda del abogado Rafael Resnick Brenner, condenado por pedir coimas en la AFIP conducida por Ricardo Echegaray y por el caso Ciccone- invent贸 en 2009 una historia de secuestro y torturas a partir de una detenci贸n real de Saiegh ocurrida en 1980 pero por una denuncia de un gerente infiel.

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mi茅rcoles, 7 de febrero de 2024

Desestiman una denuncia contra empresas farmac茅uticas y alimenticias por el aumento de los precios


El juez en lo Penal Econ贸mico Marcelo Aguinsky desestim贸 una denuncia penal presentada por un abogado particular contra empresas -que no identific贸- productoras de medicamentos y alimentos a las que acus贸 del delito de “especulaci贸n maliciosa y abusiva” conocido jur铆dicamente como agiotaje.

El 19 de diciembre de 2023, el abogado Osvaldo Oscar Albano plante贸 que grupos de empresarios de la industria alimenticia y farmac茅utica configuraron un alza artificial de los precios de las mercader铆as a trav茅s de especulaciones, negociaciones fingidas o coaliciones entre los principales tenedores de alimentos y medicamentos.

Antes de que asuman las nuevas autoridades de la administraci贸n nacional -seg煤n el denunciante- los empresarios actuaron “en un claro acuerdo t谩cito o quiz谩s expreso y oculto entre ellos en cada rama alimenticia“. Y agreg贸 que los hombres de negocios “aumentaron desorbitada y artificialmente los precios previendo una inflaci贸n que podr铆a producirse una vez integrado” el gobierno del entonces presidente electo Javier Milei.

El denunciante adem谩s expres贸 que, luego de la difusi贸n de las medidas de libertad de mercado implementadas por la nueva gesti贸n, las empresas “volvieron descaradamente a aumentar los precios, cuando ya lo hab铆an hecho anteriormente (… ), es decir que sumaron artificialmente dos veces por la misma causa que adujeron en defensa del capital”.

Por tratarse de un autor no identificado la causa fue delegada al fiscal Emilio Guerberoff quien en su dictamen solicit贸 se desestime la denuncia. Una vez cumplido ese paso procesal la causa volvi贸 al despacho del juez Aguinsky a fin de que el magistrado resuelva la cuesti贸n planteada.

En el fallo, el juez destac贸 que a lo largo de la historia de la humanidad “la relaci贸n de Gobierno, precios y consumidores siempre fue una tentaci贸n para las regulaciones.” Y aclar贸 que si bien “la especulaci贸n y el agiotaje son dos actividades que se relacionan con la compra de bienes o servicios con la intenci贸n de venderlos a un precio m谩s alto en el futuro” existen algunas diferencias entre ambas. Y una es fundamental: la primera es leg铆tima y la segunda es ilegal. En ese sentido se帽al贸 que “el agiotaje (...) se caracteriza por una especulaci贸n maliciosa y abusiva“. Y que “a diferencia de la especulaci贸n, el agiotaje puede tener efectos negativos en la econom铆a, ya que puede provocar una subida salvaje de los precios y la escasez de bienes”.

Aguinsky explic贸 en su resoluci贸n que “el delito de agiotaje se configura cuando una persona, con el fin de no vender o de no vender sino a un precio determinado, hace alzar o bajar el precio de las mercader铆as por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reuni贸n o coalici贸n entre los principales tenedores de una mercader铆a o g茅nero”. Esos son los tres medios comisivos enumerados taxativamente en el C贸digo Penal que fundamentan el castigo penal.

Sobre la modalidad de “reuni贸n o coalici贸n” Aguinsky afirm贸 que, para ser ilegal, “debe tener como prop贸sito alterar los precios con el fin de retener la mercanc铆a o venderla 煤nicamente a un precio predeterminado”.

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domingo, 31 de diciembre de 2023

Sucesiones: c贸mo es el proceso ante escribano p煤blico que incluy贸 el gobierno en la ley 贸mnibus


El proyecto de Ley 脫mnibus presentado por el Gobierno establece un nuevo proceso para las sucesiones. La novedad es que el tr谩mite salga de la esfera de los estrados judiciales y se realice ante un escribano p煤blico sin alterar la obligaci贸n de que las partes intervengan con patrocinio letrado, es decir, asesorados por un abogado.

Seg煤n la iniciativa enviada al Congreso, los sucesores y el c贸nyuge del causante pueden optar por hacer la sucesi贸n ante un juez como es hasta ahora o ante escribano p煤blico en los casos en que no exista controversia alguna entre ellos. Este procedimiento ser谩 aplicable para las sucesiones en las que no exista testamento y para aquellas en las que el causante hubiera otorgado testamento por acto p煤blico.

En caso de que en cualquier etapa del proceso surgiera alguna controversia, el escribano interviniente deber谩 suspender de inmediato su actuaci贸n y remitir el expediente al juez competente en un plazo no mayor a 10 d铆as h谩biles.

En el ejercicio de las facultades que le otorga la ley -en caso de aprobarse- el escribano interviniente podr谩 requerir a las reparticiones p煤blicas todos los informes que sean necesarios para el tr谩mite de la sucesi贸n. Quien se considere con derechos a iniciarla puede hacerlo con el patrocinio de un abogado, ante el escribano p煤blico que elija libremente o ante el Colegio Notarial del lugar que corresponda seg煤n el 煤ltimo domicilio del causante.

En caso de seleccionar la 煤ltima opci贸n, el escribano se designar谩 de un listado de car谩cter p煤blico que cada Colegio deber谩 confeccionar, por orden alfab茅tico, cada a帽o calendario. El interesado podr谩 recusar sin necesidad de expresi贸n de causa y por 煤nica vez al profesional designado, en cuyo caso se designar谩 al siguiente en la n贸mina.

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