La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso en marcha una reforma significativa en el sistema penitenciario federal con la firma de la Resolución 429/2025. Esta nueva normativa establece un tope estricto en la cantidad de internos que podrán recibir una remuneración por las tareas de mantenimiento realizadas dentro de las cárceles, limitando este beneficio a un máximo del 5% de la población carcelaria. La medida, que contrasta con el anterior esquema donde un 61,28% de los internos percibía un pago, busca erradicar lo que la ministra ha calificado como "subsidios encubiertos" y recuperar el sentido original del trabajo como herramienta fundamental para la reinserción social.
Hasta ahora, una parte considerable de los internos recibía un peculio, un pago en dinero, incluso sin realizar una tarea productiva real. Un diagnóstico administrativo realizado en 2024 reveló un incremento "considerable y alarmante" de estos pagos sin una contraprestación laboral efectiva orientada a la reinserción. Los datos arrojaron que solo el 38,72% de los internos que recibían este dinero realizaban actividades con objetivos productivos. El resto percibía fondos bajo el concepto de "fajina", que en muchos casos se había convertido en una suerte de plan social encubierto sin exigencia de trabajo alguno.
La nueva resolución, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca dentro del programa "Manos a la Obra", lanzado por la ministra Bullrich en octubre del año pasado. Este programa representa un cambio estructural en la lógica penitenciaria, priorizando el trabajo real y el esfuerzo personal como condiciones necesarias para acceder a un ingreso dentro del sistema. "No vamos a aceptar que se cobre por no hacer nada. Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días", afirmó la ministra.
Uno de los objetivos principales de la medida es eliminar la figura del "fajinero", aquellos internos que percibían dinero sin realizar una tarea productiva concreta. Ya se han dado de baja 750 puestos de "fajina" que contaban con aval judicial. En paralelo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) está implementando talleres productivos donde solo recibirán una remuneración aquellos presos que efectivamente trabajen y por las horas trabajadas.
Para garantizar el cumplimiento de esta nueva normativa, se están incorporando controles biométricos. Estos controles ya han mostrado resultados, con una reducción interanual del 21% en las horas que se liquidaban previamente. La implementación de estos sistemas busca asegurar la transparencia y la correcta asignación de los recursos, evitando así los pagos injustificados.
Esta reforma busca alinear el sistema penitenciario con su objetivo primordial: la reinserción social de las personas privadas de libertad. Al exigir un trabajo real a cambio de una remuneración, se fomenta la disciplina, la responsabilidad y la adquisición de habilidades que puedan ser útiles una vez que los internos recuperen su libertad. La medida representa un cambio de paradigma que busca terminar con los privilegios y promover una cultura de trabajo y esfuerzo dentro de las cárceles, en beneficio de una sociedad más ordenada y segura.
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