La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones leves y graves agravadas por violencia de género, además de amenazas coactivas, en una decisión que lo deja en la antesala del juicio oral. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah votaron en mayoría, desestimando la apelación de la defensa y confirmando el criterio del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González. En un voto disidente, el camarista Roberto Boico se pronunció por la falta de mérito y la profundización de la investigación.
El fallo, de 82 carillas, sostiene que "es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras", en clara alusión a las declaraciones y pruebas aportadas por Fabiola Yáñez. Los magistrados Irurzun y Farah hicieron hincapié en el contexto en el que se habrían producido los hechos, destacando que"sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández".
En su análisis, la mayoría del tribunal consideró crucial la situación de vulnerabilidad de la denunciante dentro de la relación. "Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directas que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental", afirmaron los jueces.
Esta situación de asimetría de poder fue un factor determinante para la confirmación del procesamiento. "Yañez 'era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario'", subraya la sentencia. En este marco, los camaristas estimaron que "por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando".
El fallo también desestimó los planteos de nulidad presentados por la defensa de Alberto Fernández, quien había invocado vulneraciones al derecho de defensa en juicio, argumentando vaguedad en la imputación, falta de evacuación de las citas formuladas en su indagatoria e inversión de la carga probatoria. Sin embargo, el Dr. Martín Irurzun, en su voto, consideró que las críticas de la defensa reflejan "meras discrepancias respecto del curso que el Sr. Fiscal ha dado a la instrucción y el mérito probatorio reunido respecto de la imputación formulada. Serán analizadas en el ámbito correspondiente". Asimismo, se rechazó la apelación contra la validez de la declaración testimonial de Fabiola Yáñez, fundamentándose en la protección de los derechos de la víctima y el carácter reproducible del acto.
Un punto central de la discusión se centró en las pruebas presentadas, incluyendo chats y fotografías. El juez Boico, en su voto disidente, cuestionó la validez probatoria de estos elementos, señalando que “no es posible determinar las fechas y horarios en las que fueron tomadas las fotografías y grabado el video en cuestión”. Además, consideró que "no se procuró la totalidad de elementos de prueba disponibles para la corroboración de la hipótesis acusatoria. Es una falencia importante que priva al acto jurisdiccional de adecuado fundamento”. Boico propuso dictar la falta de mérito del imputado hasta que se subsanen las falencias probatorias señaladas.
Sin embargo, la mayoría del tribunal consideró que existen pruebas de cargo superiores a las de descargo. En relación a los chats con María Cantero, entonces secretaria privada de Fernández, donde Yáñez relataba episodios de violencia y mostraba lesiones, el Dr. Irurzun señaló que "las referencias contenidas en las comunicaciones muestran que su destinataria (siendo quien era, se insiste) no negó el panorama violento que se le estaba describiendo. Tampoco lo desestimó; lo vinculó, en sus palabras, a aspectos del carácter y de las vivencias que en ese momento estaba teniendo el Presidente. Los mensajes (las capturas incluidas en ellos) también indican algo relevante: él mismo, cuando su pareja le habló de los golpes, no le desmintió nada tampoco".
Además de la confirmación del procesamiento, la Cámara Federal ratificó el embargo de 10.000 millones de pesos sobre los bienes de Alberto Fernández.
Con esta decisión de la Cámara Federal, la causa vuelve al juzgado de primera instancia. Si el juez Ercolini y el fiscal González mantienen su acusación, Alberto Fernández estará en condiciones de ser enviado a juicio oral para responder por las denuncias de violencia de género formuladas por su ex pareja. Esta resolución marca un avance significativo en el proceso judicial, aunque la defensa aún podría intentar otras instancias de apelación.
Cabe recordar que Alberto Fernández también enfrenta otras investigaciones judiciales, como la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su gestión. Sin embargo, en este momento, la atención se centra en la confirmación de su procesamiento por violencia de género, un tema de gran relevancia social y judicial.
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