Casación: en un fallo plenario, por mayoría confirmó que los condenados por narcotráfico no pueden acceder a la libertad condicional

 

Esta semana en un plenario dictado por la Cámara Federal de Casación Penal, se abordó una cuestión de gran relevancia para el sistema penitenciario y la política criminal en materia de drogas: la constitucionalidad de los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660. Estas normativas impiden otorgar beneficios como la libertad asistida a personas condenadas por delitos previstos en los artículos 5º, 6º y 7º de la ley 23.737 (ley de drogas). El debate central giró en torno a si estas exclusiones son compatibles con principios fundamentales como la progresividad de la pena, la igualdad ante la ley y la razonabilidad de los actos de gobierno. Por mayoría, el máximo tribunal penal del país confirmó la constitucionalidad de las normas que prohíben que los condenados por narcotráfico puedan acceder a la libertad condicional. 

A continuación, los 10 puntos más importantes que surgen de este trascendental acuerdo plenario.

1. El Núcleo del Debate: La discusión se centró en determinar si es constitucionalmente válido negar la posibilidad de acceder a la libertad asistida y otros beneficios penitenciarios a quienes fueron condenados por delitos de narcotráfico.
2. Progresividad de la Pena en Juego: Un eje central del debate fue el principio de progresividad de la pena, un sistema que busca la paulatina reinserción social de los individuos privados de libertad. La pregunta clave fue si la exclusión automática de los delitos de drogas obstaculiza este objetivo.
3. ¿Discriminación ante la Ley?: Otro punto crucial fue analizar si la normativa cuestionada vulnera el principio de igualdad ante la ley al establecer una distinción basada en el tipo de delito cometido, impidiendo el acceso a beneficios sin considerar la evolución individual del condenado.
4. La Razón Detrás de la Norma: Se examinó si la prohibición de otorgar beneficios a los condenados por delitos de drogas constituye una medida razonable por parte del Estado, teniendo en cuenta la gravedad de estos delitos y el compromiso internacional en la lucha contra el narcotráfico.
5. Voces por la Inconstitucionalidad: Un sector de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la exclusión automática de beneficios para los delitos de drogas atenta contra el mandato constitucional de resocialización y el principio de igualdad, ya que no permite evaluar el progreso individual de cada persona condenada.
6. Argumentos a Favor de la Constitucionalidad: Otra postura defendió la constitucionalidad de las normas, resaltando la gravedad de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y la obligación del Estado de combatir este flagelo. Se mencionó la existencia del "Régimen Preparatorio para la Liberación" (artículo 56 quater de la ley 24.660) como una alternativa para la reinserción.
7. El Peso de los Tratados Internacionales: Se invocaron compromisos internacionales en la lucha contra el tráfico de drogas como un argumento para justificar un tratamiento más riguroso para este tipo de delitos.
8. Un "Flagelo Temible": Se recordó la calificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el narcotráfico como un "flagelo temible y desgarrador", lo que refuerza la idea de la necesidad de políticas criminales estrictas en esta área.
9. La Función del Poder Judicial: El fallo subraya la importancia del rol del Poder Judicial en controlar la constitucionalidad de las leyes y asegurar que estas se mantengan coherentes con los principios fundamentales de la Carta Magna.
10. Unificación de la Jurisprudencia: La convocatoria a un plenario de la Cámara Federal de Casación Penal tuvo como objetivo unificar la jurisprudencia sobre esta temática, estableciendo una doctrina obligatoria para los tribunales inferiores. Esto busca brindar mayor certeza jurídica en la aplicación de estas normas.

Uno de los magistrados señaló en su voto, "la interpretación del sistema progresivo debe hacerse desde un punto de vista integral, que no se limite únicamente a las fases y períodos enunciados en el art. 12 de la ley 24.660 sino que incluya a todos aquellos institutos que impliquen una morigeración del encierro (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida)". Esta cita refleja la tensión existente entre la necesidad de una política criminal firme contra el narcotráfico y el mandato constitucional de favorecer la reinserción social de los condenados.

Este fallo plenario sienta un precedente importante en la interpretación de las leyes penales y su relación con los principios constitucionales, especialmente en lo que respecta a los delitos de drogas. La decisión final tendrá un impacto significativo en la forma en que se ejecutan las penas y en las oportunidades de reinserción para las personas condenadas por este tipo de ilícitos.

Esta publicación es un breve artículo informativo sobre un fallo judicial, no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.

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