X Corp. demandó al estado de Minnesota por la ley contra las deepfakes

 

En una batalla que podría redefinir los límites de la libertad de expresión en la era digital, X Corp., la empresa de Elon Musk, presentó una demanda contra el estado de Minnesota, impugnando la constitucionalidad de una ley estatal que regula la difusión de deepfakes en el contexto electoral. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, alega que la ley viola los derechos de libertad de expresión de la compañía y de otros proveedores de redes sociales, y que además es vaga e inaplicable.

Argumentos de X Corp.

X Corp. argumenta que la ley de Minnesota, al intentar regular el contenido que se puede difundir en su plataforma, sustituye el juicio de la empresa sobre qué contenido debe permitirse con el juicio del Estado. La compañía sostiene que esto no solo infringe sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Minnesota, sino que también entra en conflicto con la inmunidad que le otorga la Sección 230(c)(1) de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a los proveedores de servicios de internet de ser tratados como los editores del contenido de terceros.
Además, X Corp. alega que la ley es inconstitucionalmente vaga, lo que lleva a una autocensura generalizada por parte de las plataformas de redes sociales para evitar posibles sanciones penales y litigios costosos. La empresa destaca el peligro de esta vaguedad, especialmente en un contexto donde, según la demanda, el Fiscal General de Minnesota ha mostrado animosidad hacia X Corp. y su propietario, Elon Musk.

La ley de Minnesota en el centro de la controversia

La ley de Minnesota define un “deep fake” como cualquier representación tecnológica de habla o conducta que es tan realista que una persona razonable la creería como genuina, y cuya producción depende sustancialmente de medios técnicos en lugar de la capacidad de otra persona para imitar físicamente o verbalmente a un individuo. La ley prohíbe la difusión de deepfakes dentro de los 90 días anteriores a una convención de nominación de un partido político o después del inicio del período de votación ausente previo a una primaria de nominación presidencial, o una elección primaria o general estatal o local regular o especial, sin el consentimiento de la persona representada y con la intención de dañar a un candidato o influir en el resultado de una elección.
Las infracciones de la ley pueden dar lugar a sanciones penales, incluyendo penas de prisión y multas significativas, así como a acciones legales para obtener mandatos judiciales.

Libertad de Expresión vs. Integridad Electoral

Este caso plantea un conflicto fundamental entre la libertad de expresión y el interés del Estado en la integridad electoral. X Corp. argumenta que la ley de Minnesota restringe indebidamente el discurso político, que goza de la máxima protección bajo la Primera Enmienda. La compañía destaca que ya cuenta con políticas y herramientas para moderar el contenido, incluyendo la función “Notas de la Comunidad” y la política de “Autenticidad”, que permiten a los usuarios señalar y contextualizar el contenido engañoso.
El estado de Minnesota, por su parte, probablemente argumentará que la ley es necesaria para proteger el proceso electoral de la manipulación y el engaño a través de deepfakes, que tienen el potencial de difundir desinformación y socavar la confianza pública en las elecciones.

¿Qué se puede esperar?

El caso X Corp. v. Minnesota está en sus etapas iniciales, y es difícil predecir el resultado final. Sin embargo, es probable que el caso genere un intenso debate legal y público sobre los límites de la regulación del contenido en línea y el papel de las plataformas de redes sociales en la protección de la integridad electoral.
El tribunal tendrá que sopesar cuidadosamente los derechos de libertad de expresión de las plataformas y los usuarios con el interés legítimo del Estado en prevenir la interferencia electoral. La decisión podría tener implicaciones de largo alcance para la forma en que se regulan las deepfakes y otros tipos de contenido manipulado, y para la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la difusión de información falsa o engañosa.
A medida que avanza el caso, será crucial seguir de cerca los argumentos legales y las pruebas presentadas por ambas partes, así como cualquier desarrollo en el panorama legislativo y tecnológico relacionado con la regulación de las deepfakes y la moderación de contenido en línea.

Esta publicación es un breve artículo informativo, no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.

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