El fiscal federal Ramiro González dictaminó que el periodista Carlos Pagni no cometió delito de acción pública en la denuncia por “calumnias e injurias” presentada por el presidente Javier Milei. En su dictamen, González destacó la protección constitucional que tiene la libertad de expresión y desestimó que la causa pueda avanzar tal como está planteada. En ese sentido indicó que el Presidente puede impulsar la investigación pero a través de una querella por tratarse de un delito de acción privada. Sin embargo, la Justicia tendrá en cuenta lo que establece el Código Penal tras las modificaciones hechas como consecuencia del caso Kimel.
Origen de la controversia
La denuncia de Milei contra Pagni, presentada el 9 de mayo de 2025, se basó en un editorial del programa Odisea Argentina (LN+), emitido el 28 de abril. Según el presidente, Pagni comparó su ascenso al poder con el de Adolf Hitler, afectando su “honor y reputación”. Milei afirmó que el periodista realizó un “recorrido histórico sobre el régimen nazi” para inducir una “comparación insidiosa”. Sin embargo, la denuncia contenía errores: citó una frase que Pagni nunca pronunció y confundió el título del editorial, “La Argentina, una torre de Babel”, con un supuesto artículo.
El caso quedó radicado en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien le corrió vista al fiscal Ramiro González. Tras revisar el contenido del programa, González concluyó que no existía un delito de acción pública, es decir, un hecho que requiera la intervención del Ministerio Público Fiscal.
El dictamen de González
En su resolución, González determinó que las acusaciones de calumnias e injurias son delitos de acción privada, cuya persecución depende exclusivamente del denunciante mediante una querella directa. El fiscal desmintió que Pagni hubiera comparado a Milei con Hitler, aclarando que el periodista analizó los riesgos de la “incomunicación” en la política global, sin alusiones personales al presidente.
González fue más allá al advertir sobre los peligros de criminalizar el periodismo político. En su dictamen, señaló que perseguir penalmente las expresiones críticas, incluso por vía privada, podría vulnerar la libertad de expresión, “una garantía constitucional fundamental”. Esta postura refuerza la protección del debate público en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la prensa.
Estado actual del proceso
Por el momento la vía de acción pública ha sido desestimada por González, cerrando la investigación fiscal a menos que surjan nuevos elementos. El expediente permanece en el juzgado de Rafecas, quien podría archivar la denuncia si no hay avances. Milei, sin embargo, conserva la posibilidad de iniciar una querella por acción privada, un proceso que lo obligaría a probar el daño a su honor y la intención deliberada de Pagni. Hasta la fecha, no hay registros públicos que indiquen que el presidente haya optado por esta vía.
El dictamen ha sido bien recibido por sectores periodísticos, que lo ven como un respaldo a la libertad de prensa. En contraste, algunos aliados del oficialismo han criticado a González, acusándolo de parcialidad. La resolución también se enmarca en un patrón de acciones judiciales de Milei contra periodistas, incluyendo denuncias contra Viviana Canosa y Ari Lijalad por motivos similares.
Perspectivas futuras
El rumbo de la causa depende de las decisiones de Milei. Si opta por una querella privada, el caso se trasladaría a un juzgado correccional, donde se evaluaría si las expresiones de Pagni constituyen un delito. Este proceso sería complejo, ya que el dictamen de González debilita las acusaciones al desmentir la supuesta comparación con Hitler. Además, la despenalización de calumnias e injurias en casos de interés público, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández, podría limitar el éxito de una querella.
Políticamente, el caso refleja las tensiones entre Milei y los medios críticos. El presidente ha intensificado sus ataques al periodismo, calificando a profesionales como “micrófonos ensobrados” y promoviendo un discurso que, según organismos internacionales, ha contribuido a una caída de Argentina en los índices de libertad de prensa. El dictamen de González podría moderar esta estrategia o, por el contrario, exacerbar la confrontación.
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