El escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que estalló en febrero de 2025 tras un tuit del presidente Javier Milei promocionándola, continúa generando repercusiones en los tribunales argentinos. La jueza federal María Servini, a cargo de la investigación en el fuero de Comodoro Py, ha intensificado las medidas para esclarecer la posible estafa financiera que dejó pérdidas estimadas en hasta USD 280 millones a nivel global.
La magistrada solicitó información financiera sobre el presidente Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y otros imputados, en un intento por rastrear el destino de los fondos y determinar responsabilidades en un caso que sacude al gobierno de La Libertad Avanza.
El caso $LIBRA se originó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de X promocionando la criptomoneda, lo que disparó su valor de USD 0,01 a USD 5 en pocas horas. Sin embargo, tras la venta masiva de tokens por parte de algunos inversores, que habrían obtenido ganancias cercanas a los USD 100 millones, el activo colapsó, dejando a miles de damnificados.
Las denuncias presentadas por figuras como Juan Grabois, Claudio Lozano y los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro apuntan a posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho. La investigación, liderada por el fiscal Eduardo Taiano, también involucra a empresarios como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis y Julián Peh.
En mayo de 2025, la jueza Servini ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe sobre las entidades financieras con las que operaron los hermanos Milei y los empresarios imputados desde 2023 hasta la actualidad. Esta medida, tramitada bajo secreto de sumario, busca esclarecer la evolución patrimonial de los investigados y determinar si hubo movimientos financieros ligados al lanzamiento de $LIBRA.
Además, Servini dispuso la inhibición de bienes por 90 días para Novelli, Morales y Terrones Godoy, extendiendo la medida a familiares de Novelli tras detectarse un posible vaciamiento de cajas de seguridad en el Banco Galicia el 17 de febrero de 2025, días después del tuit presidencial.
La investigación ha revelado detalles comprometedores. Cámaras de seguridad del Banco Galicia captaron a la madre y la hermana de Novelli, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, ingresando con bolsos vacíos y saliendo con ellos aparentemente llenos, lo que sugiere un intento de ocultar activos. Las cajas, allanadas posteriormente, estaban vacías. Este hecho, sumado a los registros de múltiples visitas de Novelli a la Casa Rosada, ha intensificado las sospechas sobre los vínculos entre los empresarios y el entorno presidencial, con Karina Milei en el centro de las acusaciones por supuestamente coordinar reuniones a cambio de pagos, según testimonios como el de Hayden Davis.
El estado actual del proceso muestra un avance significativo en el fuero federal porteño, donde Servini unificó las denuncias tras una disputa de competencia con la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien investigaba el caso en San Isidro.
La fiscalía de Taiano ha solicitado el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los imputados, incluyendo a los Milei, y ha realizado allanamientos en domicilios y oficinas de Novelli, Morales y la empresa Tech Forum, secuestrando dispositivos electrónicos para peritajes. Sin embargo, la falta de colaboración del oficialismo, como la ausencia de Javier y Karina Milei en una mediación prejudicial el 15 de mayo, ha generado críticas y sospechas de obstrucción.
A nivel internacional, el caso también genera preocupación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI investigan posibles delitos financieros transnacionales, mientras que demandas colectivas en Nueva York y España buscan resarcir a los damnificados. En el Congreso argentino, una comisión investigadora enfrenta obstáculos por maniobras dilatorias del oficialismo, lo que refleja la sensibilidad política del caso.
Cómo seguirá la causa
La Justicia continuará analizando los movimientos financieros y las comunicaciones de los imputados, con foco en los registros de ingresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La presión internacional y las pruebas recabadas, como los mensajes filtrados de Hayden Davis, podrían derivar en nuevas imputaciones. La resolución de Servini sobre las querellas presentadas por entidades civiles, como Inecip y Cipce, será clave para definir el rumbo de la investigación.
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