La causa Seguros, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de pólizas estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, ha arrojado nuevas pruebas que profundizan las sospechas sobre el rol del expresidente y su amigo, el broker Héctor Martínez Sosa. Este caso, que involucra millones de pesos en comisiones, mantiene en vilo a la opinión pública y al sistema judicial argentino en 2025.
Un vínculo comercial de una década
Recientes informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) han revelado que Fernández facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales desde 2010 hasta apenas cuatro días antes de asumir la presidencia en diciembre de 2019. Según el informe, Fernández emitió facturas por $4.257.000 a la empresa de Martínez Sosa, con un pico de $1.422.000 en 2019. También facturó a Austran Consulting SA, una firma vinculada al broker, por montos que oscilaron entre $10.000 y $15.000 mensuales entre 2014 y 2017. Estas revelaciones refuerzan la hipótesis de un vínculo comercial estrecho y prolongado, que la Justicia ahora examina como posible conflicto de intereses.Además, una pericia telefónica de la Policía Federal mostró que Fernández llamó al menos 17 veces a Martínez Sosa entre 2019 y 2024, desde su celular personal. Aunque no hay registros de escuchas o chats directos entre ambos, los encuentros en la Quinta de Olivos, algunos no registrados oficialmente, y una foto de ambos en el despacho del intendente de la quinta en julio de 2021, sugieren una relación más allá de la amistad declarada.
La causa Seguros: un escándalo millonario
La investigación, iniciada tras una denuncia periodística en febrero de 2024, se centra en el Decreto 823/2021, firmado por Fernández, que obligó a los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Esto habilitó la intermediación de brokers, entre los cuales Martínez Sosa se destacó, obteniendo contratos con 19 entidades públicas, incluyendo ministerios, Gendarmería, y la Corte Suprema, por un total de $366.635.744 en comisiones. En conjunto, cinco brokers concentraron el 80,56% de los $3.453.302.777 pagados en comisiones entre 2019 y 2023, con sospechas de posibles vínculos entre ellos, como el caso de Bachellier SA, relacionada con Martínez Sosa.El caso también señala a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria histórica de Fernández, quien gestionó activamente contratos para su marido, según chats extraídos de su celular. Estos mensajes muestran intervenciones directas de Cantero con funcionarios y una respuesta de Fernández: “Ya me ocupo”, ante un problema con un contrato en Cancillería.
Estado actual del proceso judicial
La causa, actualmente a cargo del juez Sebastián Casanello tras la salida de Julián Ercolini, está en una etapa crítica. En febrero de 2025, se tomó la última indagatoria, y Casanello debe resolver la situación procesal de los 39 imputados, incluyendo a Fernández, Martínez Sosa, Cantero, y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Los bienes de los principales acusados fueron inhibidos nuevamente en abril de 2025, aunque esta medida había sido revocada previamente por la Cámara Federal.La Justicia continúa analizando dispositivos electrónicos, especialmente los de Martínez Sosa, y profundizando en los vínculos entre las empresas beneficiadas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está revisando la legalidad del decreto y los 1.899 mensajes de WhatsApp entre Cantero y su esposo para determinar si hubo direccionamiento en los contratos.
Perspectivas futuras
El proceso judicial avanza hacia una posible elevación a juicio, aunque el cambio de juez retrasó las definiciones. La PIA y el fiscal Carlos Rívolo buscan establecer si las comisiones pagadas superaron los valores de mercado y si hubo maniobras fraudulentas. La defensa de Fernández insiste en su inocencia, alegando que no hubo direccionamiento y que los contratos fueron legítimos, mientras Martínez Sosa sostiene que sus comisiones son habituales en el mercado asegurador.
El caso podría derivar en nuevas imputaciones si se confirman nexos entre los brokers o si surgen pruebas adicionales de los dispositivos bajo análisis. Además, la investigación patrimonial de Fernández, Martínez Sosa y Cantero sigue abierta, con el levantamiento de secretos bancario y fiscal para esclarecer el destino de los fondos.
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