El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, suspendido desde el 20 de mayo por un escándalo que involucra a la jueza Julieta Makintach, enfrenta nuevas complicaciones tras la aparición de videos que la vinculan con una de las personas que filmaba las audiencias sin autorización. Mientras la causa penal paralela avanza con allanamientos, la incertidumbre sobre la continuidad del proceso crece a días de su reanudación.
El juicio, iniciado el 11 de marzo de 2025, investiga la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre de 2020. Los acusados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, que podría derivar en penas de hasta 25 años. Sin embargo, el proceso se detuvo tras descubrirse que Makintach habría autorizado la grabación de un documental sin el consentimiento de las partes, un acto que generó cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Videos de la jueza Makintach
La novedad más reciente, confirmada hoy, es la existencia de videos que muestran a Makintach interactuando con una de las personas señaladas por grabar clandestinamente. Según una declaración policial, Juan Manuel D’Emilio y María Vidal Alemán, identificados como parte del proyecto cinematográfico, habrían sido enviados por la jueza. Una custodia afirmó que Makintach ordenó permitirles el ingreso, mostrando un mensaje en su celular que decía: “Decile a la custodia del TOC 3 que deje a mi gente”. Este material, revelado por el abogado Rodolfo Baqué, representante de la enfermera Dahiana Madrid, complica aún más la posición de la magistrada, quien ya enfrenta una investigación por posible abuso de autoridad y prevaricato.
Documental clandestino
En respuesta a estas revelaciones, la justicia de San Isidro ordenó el 22 de mayo seis allanamientos en domicilios y productoras audiovisuales, incluyendo La Doble S.A. en Buenos Aires y Feel Co. en Vicente López. El objetivo es esclarecer si las grabaciones, presuntamente destinadas a un documental, fueron autorizadas de manera indebida por Makintach, cuyo hermano, Juan Makintach, es directivo de la productora Pegsa. Aunque Pegsa negó cualquier vínculo con el proyecto, la sospecha de conflicto de intereses persiste, alimentada por la falta de transparencia de la jueza.
El estado actual del proceso es de máxima tensión. La suspensión de siete días, que culmina el 27 de mayo, fue solicitada por el fiscal Patricio Ferrari para evaluar la “gravedad institucional” del caso. Makintach, visiblemente afectada durante la última audiencia, evitó el contacto visual y se mostró apagada, según testigos. En un breve descargo, defendió su imparcialidad, pero adelantó que podría apartarse si el proceso se viera comprometido. “Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi imparcialidad, pero si hay algo en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, expresó.
La continuación del juicio, prevista para el 27 de mayo a las 10:30, dependerá de la resolución sobre Makintach. Si se confirma su apartamiento, se debería declarar la nulidad del proceso, que obligaría a iniciar el juicio desde cero.
El próximo martes se espera la declaración del psicólogo Carlos Díaz y los acompañantes terapéuticos Alejandro y Carlos Cottaro, postergada por la suspensión. Sin embargo, la atención estará puesta en la decisión sobre Makintach. La Fiscalía, respaldada por las querellas, insiste en que su conducta compromete la integridad del proceso.
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