Ordenan indemnizar a un trabajador que había sido despedido por insultar a su jefe durante una videoconferencia

 

La Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay revocó una sentencia de primera instancia y ordenó indemnizar a un empleado que había sido despedido por insultar a un superior jerárquico durante una videoconferencia. El hecho ocurrió a pocos meses de haber comenzado la pandemia por COVID-19, en junio de 2020, durante una reunión de trabajo mantenida a través de la plataforma TEAMS entre un empleado de una empresa dedicada al desarrollo de software y su jefe.

En esas circunstancias frente a un pedido para que realice una determinada tarea el trabajador dijo “por qué no te vas a la mierda…yo tengo que dejar siempre lo que estoy haciendo por los demás”. “Quiero que hagas eso que te pasé y que esté a más tardar para el viernes”, respondió el superior jerárquico. Lejos de deponer su actitud, el trabajador -que luego fue despedido- contestó “chupame la p…, vení a decírmelo en la cara a ver si sos tan guapo ¿querés que vaya a tu casa?”.

A raíz de este incidente la empresa decidió terminar con la relación laboral y se lo notificó mediante una carta documento. El empleado despedido inició una demanda en el fuero laboral que fue rechazada en primera instancia. Contra este fallo interpuso un recurso de apelación y la Cámara le dio la razón parcialmente ordenando a la empresa en donde trabajaba a que le pague una indemnización de 12 millones de pesos. En el expediente quedaron acreditados los insultos por medio de una pericia informática pero la Sala Laboral se avocó a analizar si la actitud protagonizada por el empleado despedido, de nombre Gastón, constituía un hecho de entidad suficiente que impida la prosecución del vínculo.

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El MPF actualizó la guía de recursos disponibles para los casos de violencia de género en la Ciudad de Buenos Aires

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de Mariela Labozzetta, y la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, a cargo de Guillermina García Padín, actualizaron la guía de recursos disponibles para el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas en casos de violencia de género. En esta actualización, se sumaron dispositivos terapéuticos de la provincia de Buenos Aires.

El listado de Dispositivos Terapéuticos y Cursos/Talleres fue provisto por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), a cargo de Virginia Barreiro, organismo que ejerce la supervisión de estos dispositivos.

Estos recursos permitirán que los y las fiscales puedan propiciar los tratamientos, cursos, talleres y dispositivos reeducativos acordes a la violencia de género investigada, lo cual facilitará el cumplimiento de dos objetivos concretos: efectuar una derivación responsable y hacer efectivo el fin preventivo especial que poseen este tipo de medidas.

Para acceder a la guía de recursos disponibles cliquear en este enlace.

La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos

 La Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante el organismo, para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a través de la Resolución 50/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

Tanto para las personas físicas como para las jurídicas, el mínimo se amplió de $12,32 millones a $26,3 millones, y una vez superados, se requerirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos. La documentación respaldatoria a requerir podrá consistir en una copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra. También podrá ser una certificación extendida por contador público matriculado, debidamente intervenida por el consejo profesional, que indique el origen de los fondos, y señale en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma.

Además, se podrá presentar documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación.

Estos requisitos de identificación resultarán asimismo de aplicación cuando, a juicio del sujeto obligado, se realicen operaciones vinculadas entre sí, que individualmente no hayan alcanzado el nivel mínimo establecido, pero que en su conjunto alcancen o excedan dichos importes. Todos estos mismos recaudos serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otros entes sin personería jurídica.

Del mismo modo, la UIF amplió de $1,12 millones a $2,4 millones o su equivalente en otras monedas, el monto a partir del cual se deberán justificar los fondos para la compraventa de inmuebles, la cesión de derechos, los préstamos, la constitución de fideicomisos o cualquier otra operación, realizada en efectivo.

La normativa deja sin efecto la Resolución UIF N° 113/2021, y aprueba los nuevos valores correspondientes a las Resoluciones UIF Nros. 127/2012; 50/2013 y 489/2013 y las modificatorias de cada una. Se mantiene el mecanismo de actualización periódico y automático en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor y se extiende dicho mecanismo para las sociedades de capitalización y ahorro.

La nueva Resolución UIF Nº 51/2022 facilita a los Sujetos Obligados a optimizar la administración de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según estándares internacionales.

Expertos advirtieron que el crimen organizado que opera en Rosario puede expandirse a todo el país

“La gravedad que ha alcanzado el fenómeno del narcotráfico en la Provincia de Santa Fe, cuyo efecto derrame afecta a todo el país, obliga a implementar una política de Estado consistente que, contando con el apoyo de todos los sectores políticos responsables, se oriente a erradicar a los actores corrompidos, a fortalecer el sistema de seguridad y justicia penal, y sobre todo, a proteger a los sectores sociales más vulnerables, en particular, a los niños, niñas y adolescentes que hoy en día se encuentran sometidos a la nueva esclavitud que genera este flagelo.” Esta es una de las propuestas hechas por los expertos que se reunieron el pasado 15 de diciembre para analizar la problemática planteada por el accionar creciente de las bandas de crimen organizado en la provincia de Santa Fe.

El encuentro -que se desarrolló en forma virtual- fue organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH) que dirige Juan Félix Marteau, con el apoyo institucional de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y de Infobae en el marco del programa “Diálogo para la Acción Práctica”.

Esta fue la primera reunión de expertos en seguridad y justicia penal con el objetivo de lograr consensos fundamentales sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas eficaces para impedir la consolidación de estas redes delictivas en ciudades estratégicas del país. En esta oportunidad estuvieron invitados como expositores los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, titulares de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, y el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En su charla los fiscales dieron una aproximación sobre la respuesta judicial al narcotráfico en la provincia de Santa Fe. El término de la exposición y una vez que se retiraron, los expertos analizaron diferentes aspectos que consideraron centrales para enfrentar al narcotráfico y elaboraron un documento, al que tuvo acceso Infobae, con 10 puntos, que a juicio de los especialistas, deberían tomarse para enfrentar a las bandas narco.

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“La Triple Frontera es un núcleo clave para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”

La ex fiscal de Paraguay y experta en delitos económicos Josefina Aghemo advirtió que la zona de la Triple Frontera es considerada un núcleo clave para el lavado de dinero, muchas veces destinado a la financiación de redes de crimen organizado y de terroristas.

La especialista internacional disertó en el ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), y con el auspicio de infobae, denominada “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”.

Infobae dialogó con Josefina Aghemo quien estuvo a cargo del octavo encuentro de esta serie de conferencias en el que habló sobre “Los dispositivos institucionales de Paraguay para combatir la financiación del terrorismo”.

- ¿Qué aspectos principales destaca sobre el tema de su conferencia?

-Durante la charla que tuvimos oportunidad de compartir, al hacer mención a las disposiciones institucionales de Paraguay para combatir la financiación del terrorismo, tenemos un factor a nivel país que incide en las acciones que deben adoptar estas instituciones que son las responsables de combatir varios delitos que están asociados a la financiación del terrorismo y que es el factor territorial. Paraguay es un país mediterráneo y tienen la particularidad de limitar con tres países: Brasil, Bolivia y Argentina. En ese sentido había mencionado que hay una cuestión fundamental y es la zona denominada de la Triple Frontera que es conocida internacionalmente. Esta región desde hace años está considerada una zona que es conocida por las actividades criminales que se cometen en ese en ese espacio territorial y que van desde el tráfico de drogas y de armas, contrabando de bienes, robo de propiedad intelectual, falsificación de documentos y dinero, y el blanqueo capitales. Esta zona está considerada un núcleo clave para el lavado dinero y que muchas veces está destinado a la financiación de redes de crimen organizado y de terroristas. Esta situación se ve facilitada por las vulnerabilidades de las administraciones públicas locales. También mencioné con relación a este punto en particular que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro había remarcado que la Triple Frontera es conocida desde hace años como una fuente de financiación de Hezbollah y que existe lógicamente una conexión muy fuerte entre el terrorismo y el crimen organizado y que esto genera un alto potencial para desde estabilizar a las democracias de la región.

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