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martes, 28 de diciembre de 2021

Expertos advirtieron que el crimen organizado que opera en Rosario puede expandirse a todo el país


“La gravedad que ha alcanzado el fenómeno del narcotráfico en la Provincia de Santa Fe, cuyo efecto derrame afecta a todo el país, obliga a implementar una política de Estado consistente que, contando con el apoyo de todos los sectores políticos responsables, se oriente a erradicar a los actores corrompidos, a fortalecer el sistema de seguridad y justicia penal, y sobre todo, a proteger a los sectores sociales más vulnerables, en particular, a los niños, niñas y adolescentes que hoy en día se encuentran sometidos a la nueva esclavitud que genera este flagelo.” Esta es una de las propuestas hechas por los expertos que se reunieron el pasado 15 de diciembre para analizar la problemática planteada por el accionar creciente de las bandas de crimen organizado en la provincia de Santa Fe.

El encuentro -que se desarrolló en forma virtual- fue organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH) que dirige Juan Félix Marteau, con el apoyo institucional de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y de Infobae en el marco del programa “Diálogo para la Acción Práctica”.

Esta fue la primera reunión de expertos en seguridad y justicia penal con el objetivo de lograr consensos fundamentales sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas eficaces para impedir la consolidación de estas redes delictivas en ciudades estratégicas del país. En esta oportunidad estuvieron invitados como expositores los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, titulares de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, y el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En su charla los fiscales dieron una aproximación sobre la respuesta judicial al narcotráfico en la provincia de Santa Fe. El término de la exposición y una vez que se retiraron, los expertos analizaron diferentes aspectos que consideraron centrales para enfrentar al narcotráfico y elaboraron un documento, al que tuvo acceso Infobae, con 10 puntos, que a juicio de los especialistas, deberían tomarse para enfrentar a las bandas narco.

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viernes, 3 de diciembre de 2021

“La Triple Frontera es un núcleo clave para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”


La ex fiscal de Paraguay y experta en delitos económicos Josefina Aghemo advirtió que la zona de la Triple Frontera es considerada un núcleo clave para el lavado de dinero, muchas veces destinado a la financiación de redes de crimen organizado y de terroristas.

La especialista internacional disertó en el ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), y con el auspicio de infobae, denominada “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”.

Infobae dialogó con Josefina Aghemo quien estuvo a cargo del octavo encuentro de esta serie de conferencias en el que habló sobre “Los dispositivos institucionales de Paraguay para combatir la financiación del terrorismo”.

- ¿Qué aspectos principales destaca sobre el tema de su conferencia?

-Durante la charla que tuvimos oportunidad de compartir, al hacer mención a las disposiciones institucionales de Paraguay para combatir la financiación del terrorismo, tenemos un factor a nivel país que incide en las acciones que deben adoptar estas instituciones que son las responsables de combatir varios delitos que están asociados a la financiación del terrorismo y que es el factor territorial. Paraguay es un país mediterráneo y tienen la particularidad de limitar con tres países: Brasil, Bolivia y Argentina. En ese sentido había mencionado que hay una cuestión fundamental y es la zona denominada de la Triple Frontera que es conocida internacionalmente. Esta región desde hace años está considerada una zona que es conocida por las actividades criminales que se cometen en ese en ese espacio territorial y que van desde el tráfico de drogas y de armas, contrabando de bienes, robo de propiedad intelectual, falsificación de documentos y dinero, y el blanqueo capitales. Esta zona está considerada un núcleo clave para el lavado dinero y que muchas veces está destinado a la financiación de redes de crimen organizado y de terroristas. Esta situación se ve facilitada por las vulnerabilidades de las administraciones públicas locales. También mencioné con relación a este punto en particular que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro había remarcado que la Triple Frontera es conocida desde hace años como una fuente de financiación de Hezbollah y que existe lógicamente una conexión muy fuerte entre el terrorismo y el crimen organizado y que esto genera un alto potencial para desde estabilizar a las democracias de la región.

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domingo, 28 de noviembre de 2021

Hotesur y Los Sauces: por qué el fallo “Muiña” de la Corte Suprema fue clave para decidir el sobreseimiento de Cristina Kirchner



En la decisión que tomaron los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg sobreseyendo a Cristina Kirchner por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces se discute por qué resolvieron el sobreseimiento sin abrir la etapa del juicio. Sin embargo estos jueces dan a entender que, aun así, si se abriera el juicio oral y terminara en una sentencia, la única solución posible sería el sobreseimiento.

El argumento central es que se aplica la ley más benigna, que regía al momento en que comenzaron los hechos que son objeto de la causa, y no la actual. Es decir, no se penaliza el autolavado.

Para sostener esta posición fue central el fallo de la Corte Suprema en el caso “Muiña” y conviene recordarlo, porque va a ser decisivo en la suerte de esta causa. En mayo de 2017, la decisión de la mayoría, conformada por los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente de 1994 a 2001, y luego derogada, que reducía el cómputo del tiempo de prisión, por tratarse de la ley más benigna.

En disidencia, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que opinaron que esa reducción no era aplicable a los delitos de lesa humanidad. Recordemos que el fallo fue motivado por el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”), condenado a 13 años de prisión por los delitos de secuestro y tortura de cinco personas.

La doctrina de la Corte, formada por la opinión de Rosenkrantz, Nolasco y Rosatti, será decisiva en el caso “Hotesur” y “Los Sauces”, porque influirá en el Tribunal de Casación, y obviamente también si el caso llegara a la Corte.

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lunes, 25 de octubre de 2021

La Corte Suprema condenó a una obra social a cubrir un tratamiento con aceite de cannabis


La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una acción de amparo promovida por los padres de un joven con discapacidad para que la obra social demandada le cubra en forma integral el tratamiento terapéutico alternativo con aceite de cannabis. De esta manera, deberá garantizarle la provisión del producto cuyo nombre comercial es “Charlotte’s Web 5000 every day avanced”, que fue indicada por el neurólogo del menor para tratar la epilepsia refractaria.

El caso se inició en Entre Ríos donde la justicia local rechazó el pedido de los padres del joven quienes habían demandado al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y en subsidio contra esa provincia con la finalidad de obtener la cobertura médica y farmacológica integral, ininterrumpida y en un 100 por ciento del tratamiento. Esta alternativa terapéutica consiste en el uso del aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria que padece el menor según las indicaciones de su neurólogo.

En el fallo -que lleva las firmas de los ministros Elena HightonJuan Carlos MaquedaRicardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz– el Máximo Tribunal se refirió en primer lugar al dictado del decreto 883 del año 2020 por el que se aprobó la reglamentación de la ley para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Teniendo en consideración esa circunstancia y marco normativo, los jueces concluyeron que las obras sociales deben brindar la cobertura para la adquisición de los derechos de la planta de cannabis a aquellos pacientes que cuenten con indicación médica según la propia letra del citado decreto reglamentario. En ese sentido, la Corte remarcó que, con los alcances definidos por las disposiciones vigentes, no caben dudas de que la demandada debe brindar al hijo de los actores la cobertura de la prestación requerida.

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jueves, 21 de octubre de 2021

Lorenzetti: “El Poder Judicial tiene que brindar confianza, seguridad y protección”



El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló en una conferencia virtual sobre "El rol del Poder Judicial en el siglo XXI".



miércoles, 6 de octubre de 2021

Afirman que Hezbollah continúa siendo una amenaza concreta para Latinoamérica


Organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y con el auspicio de Infobae, este jueves 7 de octubre continuará el ciclo de conferencias denominado “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”. La charla estará a cargo de George Chaya, asesor experto en seguridad nacional, contraterrorismo y Oriente Medio. Además es docente de la Fundación FININT en la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Fundación NPS Global de y Profesor de posgrado en la Maestría de Derecho y RR.II. en la Universidad Nihon Gakko de Paraguay; y escribe para Infobae América y para la Revista DEF.

En diálogo con Infobae, Chaya comentó algunos aspectos relevantes sobre la conferencia que dictará este jueves titulada “Hezbollah e Irán. Pasado y presente de una amenaza para la región”.

- ¿Hezbollah es una amenaza concreta para Latinoamérica?

- La agenda de la seguridad para el continente Latinoamericano es compleja por la diversidad y las características de sus integrantes regionales, ya sea por sus aspectos geopolíticos, económicos o sociales como por su extensión continental. En ese aspecto temas como el terrorismo, las redes del narcotráfico, y el tráfico de armas claramente deberían ser tópicos insoslayables en esa agenda puesto que colocan a los Estados en riesgos que comprometen la paz, la estabilidad y la vida misma de sus sociedades. En esa línea de análisis es desaconsejable no evaluar el peligro potencial de la organización política-terrorista libanesa Hezbollah como una amenaza concreta y real. Tanto la presencia como el accionar sus redes criminales esta debidamente demostrada no solo en el análisis de la inteligencia, sino en investigaciones y probanzas judiciales obrantes en diferentes países de América Latina. Los ataques terroristas ejecutados en Buenos Aires sobre objetivos de la comunidad judía argentina en los años 90; el derribo del vuelo 911 de la aerolínea comercial Alas Chiricanas en Panamá sólo un día después de la voladura de mutual israelita local, la detención de Mohammad Ghaleb Hamdar en 2014 cuando planeaba ejecutar un ataque con explosivos en Lima, Perú y su reconocimiento de pertenencia a la organización como quedó demostrada ante la justicia peruana. Los organismos de seguridad e inteligencia de países como Paraguay, Colombia, Brasil y más recientemente México disponen de amplia información sobre redes, operativos militares y financieros de Hezbollah que operan desde finales de la década de los años ‘80 en la región. No cabe duda que la huella de Hezbollah en la región está bien marcada y debería ser motivo de atención especial por parte de las agencias y las fuerzas federales de cada país en Latinoamérica.

- ¿Qué magnitud tienen sus actividades en la región?

- La magnitud y peligrosidad de las implicancias que representa para la región la existencia de elementos activos de la organización surge no sólo de sus células durmientes, también de sus redes involucradas en distintos ilícitos que van desde el lavado de activos provenientes del tráfico de cocaína a gran escala hacia Europa y de marihuana a nivel regional; pero también del contrabando de cigarrillos, del fraude con tarjetas de crédito, el robo de automóviles y su posterior comercialización y de sus nexos con otros grupos criminales en zona de la Triple Frontera (TF) Paraguay, Brasil y Argentina. El desmantelamiento de lo que se conoció como el Clan Barakat con la detención de su líder Ahmad Barakat y varios de sus integrantes, incluidos sus primos, puso a la luz negocios ilícitos millonarios en esa zona y evidenció la impunidad con la conducían sus actividades criminales recaudando cientos de millones de dólares al año, especialmente con el lavado de dinero, que posteriormente era remitido para financiar a la organización en Beirut a través de una aceitada modalidad y estructura utilizando bancos alemanes y chipriotas. También en los tiempos de la pandemia originada por el Covid-19 ha regresado una práctica antigua conocida como Hawala, que es una forma de transferir y enviar dinero a través de la “confianza en el portador del mismo”, ese individuo cobra una pequeña comisión y generalmente no conoce a los remitentes de las remesas, por lo que ante la eventualidad de ser detenido no es de mucho valor para continuar el hilo investigativo. La modalidad no era ilícita dentro de las comunidades musulmanas de ultramar, pero Hezbollah ha sabido capitalizar los beneficios de su utilización. Hoy, en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Asunción de Paraguay hay unos 200 locutorios o falsas casas de cambio que operan esa modalidad y se sospecha que son el vehículo para una cifra anual cercana a los 300 millones de dólares estadounidenses que son girados sólo en esa operatoria, la cual es poco significativa si se considera que de la región salen cifras cercanas a los 600 millones de dólares al año, cuyo destino es ampliar la arcas de Hezbollah en materia de auto-financiación a las cifras que la organización recibe desde Teherán, la que ciertamente ha bajado en virtud de los problemas que originan las sanciones económicas impuestas a Irán, quien es el principal factor de financiamiento de la organización chiíta libanesa.

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jueves, 23 de septiembre de 2021

Experto destacó que Uruguay no es un país amigable con la criminalidad económica


 

Este jueves 23, a las 18, continuará la serie de conferencias organizada por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), y con el auspicio de Infobae, denominada “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”.

La cuarta disertación de este ciclo será sobre “Los dispositivos institucionales de Uruguay para combatir la financiación del terrorismo” y estará a cargo de Daniel Espinosa, ex Secretario Nacional Antilavado de Uruguay. Infobae dialogó con el experto.

- ¿Qué nos podría anticipar sobre lo que va a tratar en su conferencia?

- La idea mía es hablar sobre el contexto de Uruguay. Nosotros tenemos una evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que fue aprobada en 2017 y, a partir de ahí, se han adoptado una serie de medidas importantes en la materia, sobre todo legal y reglamentaria en cuanto al combate y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nosotros como todos los países de la región, imagino, somos países que a veces nos sentimos un poco ajeno a estas cuestiones que suenan como muy lejanas, la percepción de riesgo en Uruguay es baja a pesar de que hay movimientos terroristas en la región, de que ha habido atentados aquí enfrente nomás en Argentina, atentados en Europa no hace tanto. A pesar de que tenemos conciencia de que un atentado terrorista puede ocurrir en cualquier país del mundo y que además el financiamiento del terrorismo puede ocurrir en cualquier país del mundo, a veces nos cuesta ser conscientes de eso y actualizarnos.

Afortunadamente a partir de esa evaluación de riesgo que Uruguay hizo en 2017 se determinó que había un riesgo bajo en función de que no hay elementos como para indicar lo contrario. Pero se determinó que si bien la amenaza puede llegar a ser baja o media las vulnerabilidades que tenía nuestro sistema eran mayúsculas, eran muy importantes, porque no teníamos una legislación actualizada en materia de financiamiento del terrorismo. La última modificación legal que teníamos era de 2004. Por ahí va a versar parte de la charla.

Uruguay proyectó y aprobó una nueva ley en 2019 y a partir de ahí por lo menos tenemos un contexto legislativo actualizado que nos permite cumplir, por ejemplo, las sanciones que establece la ONU tanto para financiamiento de terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva y también nos permite cooperar internacionalmente en caso de que seamos requeridos. No alcanzaría sólo con una modificación legal. La modificación legal se hizo, lo que se empezó a implementar también es el grupo de trabajo sobre financiamiento del terrorismo -hecho por el Estado uruguayo- en el que trabajan conjuntamente la Secretaría de Inteligencia Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, la Secretaría Antilavado que es la coordinadora del material antilavado. Todos los organismos competentes estamos tratando de trabajar a partir de agosto de 2018, que fue cuando se creó este grupo, orientando las acciones específicamente al financiamiento del terrorismo. Es un ámbito en el que se trata de juntar autoridades que muchas veces no trabajan juntas. Quizás ese el parte del problema que hemos tenido hasta ahora, de no juntar esos mundos distintos y no entender este fenómeno de financiamiento del terrorismo que los junta y aprovecha la falta de cooperación que hay a veces en los países.

-¿Cómo es ese trabajo conjunto? ¿está dando resultados?

- Ese grupo se reúne periódicamente y lo que ha tratado de hacer, por ejemplo, es encarar determinadas cuestiones que no se estaban realizando como implementar determinados controles financieros a movimientos financieros de determinado tipo con determinados países o regiones o con otras inusualidades. También lo que ha encarado este grupo es el gran tema de las organizaciones sin fines de lucro y su posible utilización como instrumentos para encubrir el financiamiento del terrorismo. Ahí sí tenemos un amplísimo campo de acción que se ha tratado de determinar -siguiendo lo que dicen las recomendaciones de GAFI- dentro de ese marco general de miles de organizaciones sin fines de lucro tratar de determinar cuál es el grupo de organizaciones que podría potencialmente representar un riesgo en materia de financiamiento de terrorismo. Eso se va mejorando, se va haciendo un seguimiento de las actividades de esas organizaciones y por lo menos ya hay un cierto conocimiento del mundo de las organizaciones sin fines de lucro que es tan amplio que a veces cuesta abarcarlo. Se empezó por ahí, se hizo una lista, esa lista puede tener incorporaciones o pueden retirarse entidades que en un principio parecieron como de riesgo pero es un seguimiento que nunca se había hecho en el país.

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