La Corte Suprema condenó a una obra social a cubrir un tratamiento con aceite de cannabis

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una acción de amparo promovida por los padres de un joven con discapacidad para que la obra social demandada le cubra en forma integral el tratamiento terapéutico alternativo con aceite de cannabis. De esta manera, deberá garantizarle la provisión del producto cuyo nombre comercial es “Charlotte’s Web 5000 every day avanced”, que fue indicada por el neurólogo del menor para tratar la epilepsia refractaria.

El caso se inició en Entre Ríos donde la justicia local rechazó el pedido de los padres del joven quienes habían demandado al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y en subsidio contra esa provincia con la finalidad de obtener la cobertura médica y farmacológica integral, ininterrumpida y en un 100 por ciento del tratamiento. Esta alternativa terapéutica consiste en el uso del aceite de cannabis para tratar la epilepsia refractaria que padece el menor según las indicaciones de su neurólogo.

En el fallo -que lleva las firmas de los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz– el Máximo Tribunal se refirió en primer lugar al dictado del decreto 883 del año 2020 por el que se aprobó la reglamentación de la ley para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. Teniendo en consideración esa circunstancia y marco normativo, los jueces concluyeron que las obras sociales deben brindar la cobertura para la adquisición de los derechos de la planta de cannabis a aquellos pacientes que cuenten con indicación médica según la propia letra del citado decreto reglamentario. En ese sentido, la Corte remarcó que, con los alcances definidos por las disposiciones vigentes, no caben dudas de que la demandada debe brindar al hijo de los actores la cobertura de la prestación requerida.

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Lorenzetti: “El Poder Judicial tiene que brindar confianza, seguridad y protección”

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló en una conferencia virtual sobre "El rol del Poder Judicial en el siglo XXI".

Afirman que Hezbollah continúa siendo una amenaza concreta para Latinoamérica

Organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y con el auspicio de Infobae, este jueves 7 de octubre continuará el ciclo de conferencias denominado “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”. La charla estará a cargo de George Chaya, asesor experto en seguridad nacional, contraterrorismo y Oriente Medio. Además es docente de la Fundación FININT en la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Fundación NPS Global de y Profesor de posgrado en la Maestría de Derecho y RR.II. en la Universidad Nihon Gakko de Paraguay; y escribe para Infobae América y para la Revista DEF.

En diálogo con Infobae, Chaya comentó algunos aspectos relevantes sobre la conferencia que dictará este jueves titulada “Hezbollah e Irán. Pasado y presente de una amenaza para la región”.

- ¿Hezbollah es una amenaza concreta para Latinoamérica?

- La agenda de la seguridad para el continente Latinoamericano es compleja por la diversidad y las características de sus integrantes regionales, ya sea por sus aspectos geopolíticos, económicos o sociales como por su extensión continental. En ese aspecto temas como el terrorismo, las redes del narcotráfico, y el tráfico de armas claramente deberían ser tópicos insoslayables en esa agenda puesto que colocan a los Estados en riesgos que comprometen la paz, la estabilidad y la vida misma de sus sociedades. En esa línea de análisis es desaconsejable no evaluar el peligro potencial de la organización política-terrorista libanesa Hezbollah como una amenaza concreta y real. Tanto la presencia como el accionar sus redes criminales esta debidamente demostrada no solo en el análisis de la inteligencia, sino en investigaciones y probanzas judiciales obrantes en diferentes países de América Latina. Los ataques terroristas ejecutados en Buenos Aires sobre objetivos de la comunidad judía argentina en los años 90; el derribo del vuelo 911 de la aerolínea comercial Alas Chiricanas en Panamá sólo un día después de la voladura de mutual israelita local, la detención de Mohammad Ghaleb Hamdar en 2014 cuando planeaba ejecutar un ataque con explosivos en Lima, Perú y su reconocimiento de pertenencia a la organización como quedó demostrada ante la justicia peruana. Los organismos de seguridad e inteligencia de países como Paraguay, Colombia, Brasil y más recientemente México disponen de amplia información sobre redes, operativos militares y financieros de Hezbollah que operan desde finales de la década de los años ‘80 en la región. No cabe duda que la huella de Hezbollah en la región está bien marcada y debería ser motivo de atención especial por parte de las agencias y las fuerzas federales de cada país en Latinoamérica.

- ¿Qué magnitud tienen sus actividades en la región?

- La magnitud y peligrosidad de las implicancias que representa para la región la existencia de elementos activos de la organización surge no sólo de sus células durmientes, también de sus redes involucradas en distintos ilícitos que van desde el lavado de activos provenientes del tráfico de cocaína a gran escala hacia Europa y de marihuana a nivel regional; pero también del contrabando de cigarrillos, del fraude con tarjetas de crédito, el robo de automóviles y su posterior comercialización y de sus nexos con otros grupos criminales en zona de la Triple Frontera (TF) Paraguay, Brasil y Argentina. El desmantelamiento de lo que se conoció como el Clan Barakat con la detención de su líder Ahmad Barakat y varios de sus integrantes, incluidos sus primos, puso a la luz negocios ilícitos millonarios en esa zona y evidenció la impunidad con la conducían sus actividades criminales recaudando cientos de millones de dólares al año, especialmente con el lavado de dinero, que posteriormente era remitido para financiar a la organización en Beirut a través de una aceitada modalidad y estructura utilizando bancos alemanes y chipriotas. También en los tiempos de la pandemia originada por el Covid-19 ha regresado una práctica antigua conocida como Hawala, que es una forma de transferir y enviar dinero a través de la “confianza en el portador del mismo”, ese individuo cobra una pequeña comisión y generalmente no conoce a los remitentes de las remesas, por lo que ante la eventualidad de ser detenido no es de mucho valor para continuar el hilo investigativo. La modalidad no era ilícita dentro de las comunidades musulmanas de ultramar, pero Hezbollah ha sabido capitalizar los beneficios de su utilización. Hoy, en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Asunción de Paraguay hay unos 200 locutorios o falsas casas de cambio que operan esa modalidad y se sospecha que son el vehículo para una cifra anual cercana a los 300 millones de dólares estadounidenses que son girados sólo en esa operatoria, la cual es poco significativa si se considera que de la región salen cifras cercanas a los 600 millones de dólares al año, cuyo destino es ampliar la arcas de Hezbollah en materia de auto-financiación a las cifras que la organización recibe desde Teherán, la que ciertamente ha bajado en virtud de los problemas que originan las sanciones económicas impuestas a Irán, quien es el principal factor de financiamiento de la organización chiíta libanesa.

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Experto destacó que Uruguay no es un país amigable con la criminalidad económica

 

Este jueves 23, a las 18, continuará la serie de conferencias organizada por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), y con el auspicio de Infobae, denominada “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”.

La cuarta disertación de este ciclo será sobre “Los dispositivos institucionales de Uruguay para combatir la financiación del terrorismo” y estará a cargo de Daniel Espinosa, ex Secretario Nacional Antilavado de Uruguay. Infobae dialogó con el experto.

- ¿Qué nos podría anticipar sobre lo que va a tratar en su conferencia?

- La idea mía es hablar sobre el contexto de Uruguay. Nosotros tenemos una evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que fue aprobada en 2017 y, a partir de ahí, se han adoptado una serie de medidas importantes en la materia, sobre todo legal y reglamentaria en cuanto al combate y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nosotros como todos los países de la región, imagino, somos países que a veces nos sentimos un poco ajeno a estas cuestiones que suenan como muy lejanas, la percepción de riesgo en Uruguay es baja a pesar de que hay movimientos terroristas en la región, de que ha habido atentados aquí enfrente nomás en Argentina, atentados en Europa no hace tanto. A pesar de que tenemos conciencia de que un atentado terrorista puede ocurrir en cualquier país del mundo y que además el financiamiento del terrorismo puede ocurrir en cualquier país del mundo, a veces nos cuesta ser conscientes de eso y actualizarnos.

Afortunadamente a partir de esa evaluación de riesgo que Uruguay hizo en 2017 se determinó que había un riesgo bajo en función de que no hay elementos como para indicar lo contrario. Pero se determinó que si bien la amenaza puede llegar a ser baja o media las vulnerabilidades que tenía nuestro sistema eran mayúsculas, eran muy importantes, porque no teníamos una legislación actualizada en materia de financiamiento del terrorismo. La última modificación legal que teníamos era de 2004. Por ahí va a versar parte de la charla.

Uruguay proyectó y aprobó una nueva ley en 2019 y a partir de ahí por lo menos tenemos un contexto legislativo actualizado que nos permite cumplir, por ejemplo, las sanciones que establece la ONU tanto para financiamiento de terrorismo como la proliferación de armas de destrucción masiva y también nos permite cooperar internacionalmente en caso de que seamos requeridos. No alcanzaría sólo con una modificación legal. La modificación legal se hizo, lo que se empezó a implementar también es el grupo de trabajo sobre financiamiento del terrorismo -hecho por el Estado uruguayo- en el que trabajan conjuntamente la Secretaría de Inteligencia Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central, la Secretaría Antilavado que es la coordinadora del material antilavado. Todos los organismos competentes estamos tratando de trabajar a partir de agosto de 2018, que fue cuando se creó este grupo, orientando las acciones específicamente al financiamiento del terrorismo. Es un ámbito en el que se trata de juntar autoridades que muchas veces no trabajan juntas. Quizás ese el parte del problema que hemos tenido hasta ahora, de no juntar esos mundos distintos y no entender este fenómeno de financiamiento del terrorismo que los junta y aprovecha la falta de cooperación que hay a veces en los países.

-¿Cómo es ese trabajo conjunto? ¿está dando resultados?

- Ese grupo se reúne periódicamente y lo que ha tratado de hacer, por ejemplo, es encarar determinadas cuestiones que no se estaban realizando como implementar determinados controles financieros a movimientos financieros de determinado tipo con determinados países o regiones o con otras inusualidades. También lo que ha encarado este grupo es el gran tema de las organizaciones sin fines de lucro y su posible utilización como instrumentos para encubrir el financiamiento del terrorismo. Ahí sí tenemos un amplísimo campo de acción que se ha tratado de determinar -siguiendo lo que dicen las recomendaciones de GAFI- dentro de ese marco general de miles de organizaciones sin fines de lucro tratar de determinar cuál es el grupo de organizaciones que podría potencialmente representar un riesgo en materia de financiamiento de terrorismo. Eso se va mejorando, se va haciendo un seguimiento de las actividades de esas organizaciones y por lo menos ya hay un cierto conocimiento del mundo de las organizaciones sin fines de lucro que es tan amplio que a veces cuesta abarcarlo. Se empezó por ahí, se hizo una lista, esa lista puede tener incorporaciones o pueden retirarse entidades que en un principio parecieron como de riesgo pero es un seguimiento que nunca se había hecho en el país.

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Grupos terroristas reclutan fanáticos a través de redes sociales en América Latina

 

En la tarde de este jueves 9 de septiembre se llevará a cabo la tercera jornada del ciclo de conferencias “El Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y con el auspicio de Infobae.

La charla estará a cargo de Javier Martinez Sanchiz, asesor legal de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El experto disertará sobre “Las obligaciones emanadas del consejo de seguridad de la ONU en el combate global al terrorismo y su financiación”, y en diálogo con Infobae adelantó algunos de los temas que abordará en su exposición.

- Si tuviera que destacar algunos puntos de su conferencia ¿Qué dos o tres tópicos quisiera subrayar?

- Estaba ahora precisamente haciendo un esquema de lo que voy a decir. Creo que es muy importante subrayar dos o tres cosas. La primera es que se cumplen 20 años del atentado del 11 de septiembre que, desde luego, supuso un cambio de paradigma por parte de la comunidad internacional en ese momento. Quince días después de ese atentado se aprobó por parte del Consejo de Seguridad la resolución 1373 que para mí, lo he utilizado muchas veces el término, es la “biblia” del contraterrorismo en el mundo. Es un poco irreverente el término pero creo que es suficientemente explícito y lo que en el fondo quiere decir es que ahí se recogen todas las medidas que los Estados deben poner en práctica para evitar que un ataque terrorista tenga lugar, y sobre todo, con el fin de llevar a los terroristas ante la Justicia por un lado y segundo que no exista un santuario para ellos en ningún país del mundo. Esa resolución tiene una serie de apartados y establece una serie de medidas que los Estados deben poner en práctica. Es una resolución aprobada por el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, por consiguiente es de obligado cumplimiento para todos los países miembros.

Ese es el primer punto que conviene subrayar, en estos días sobre todo. El lunes de la semana que viene hay una reunión abierta del Consejo para esa conmemoración y para explicar un poco cuál es la evolución de los países después de la aprobación de la resolución 1373. Y adicionalmente hubo una reunión de los grupos de trabajo donde participó precisamente el Dr. Marteau de la red global de cooperación con la Dirección Ejecutiva del Consejo de la que forma parte el CESH de la Universidad de Buenos Aires como único centro latinoamericano y que de alguna forma también presentaron cuál es un poco la situación de la amenaza desde la perspectiva de los “think tanks”, esta reunión tuvo lugar el día 3. Es un poco lo que se hace en la conmemoración de este 20 aniversario de la resolución 1373. Creo que ese es un punto que quiero subrayar al principio para después ir desglosando un poco cuál es la evolución en la región y cuáles son los temas que más me preocupan. Cuando daba una charla o una conferencia siempre ponía una foto de las Torres Gemelas después de los ataques y preguntaba a los participantes ¿ustedes se acuerdan perfectamente qué estaban haciendo cuando se produjo el atentado? Y efectivamente casi todo el mundo se acordaba qué estaba haciendo. Sin embargo, nos damos cuenta que vivimos en una sociedad en la que 20 años después todos aquellos que tienen menos de 30 años no tienen ese recuerdo y han vivido de una forma completamente ajena al atentado del 11 de septiembre. Incluso con explicaciones de todo tipo por parte de institutos o de organizaciones más o menos interesadas en difundir otro tipo de explicaciones. Lo curioso de esto es que al final se produce un relativismo enorme en la sociedad. Entonces los atentados terroristas importan solamente cuando nos afectan. Consideramos que todo aquello con lo que no estamos relacionados directamente no tiene repercusión para nosotros y eso produce que exista un relativismo social ante el terrorismo que lo único que permite es que se baje la guardia por parte de los Estados que no lo consideran prioridad porque ven la amenaza como muy lejana. Ahí es donde nosotros tenemos que poner un poco de énfasis porque un atentado terrorista puede ocurrir en cualquier parte del mundo a cualquier persona. Baste recordar a los argentinos que murieron en Nueva York en el otoño de 2017. Siempre hay víctimas, y el tema de las víctimas, en el cual insisto muchísimo, es lo que nos hace seguir trabajando en estos temas. No tiene ningún sentido trabajar en temas de control del terrorismo sino para evitar que se produzcan nuevas víctimas y sobre todo, para recordar el testimonio de todas ellas.

- ¿Qué es lo que están haciendo para impedir ese relativismo social que menciona?

- Para evitar ese relativismo social que se produce, esa especie de “no nos importa nada hasta que realmente nos ocurre”, hay un constante conservar la memoria precisamente de las víctimas. Que no nos cambien el relato. Aquí hay unas que son víctimas y otros que son verdugos, son terroristas. Se produce a veces una especie de movimiento social que trata de justificar a los unos sin respetar los mínimos derechos de los otros y todo eso también es importante que lo conservemos en mente cuando estamos hablando de estos temas.

Eso es un poco el escenario global, después voy a intentar explicar en la conferencia cuáles son los nuevos temas, las nuevas resoluciones, las nuevas obligaciones tanto en temas más generales como los de financiación, los vínculos entre criminalidad organizada y terrorismo, etc. Eso ya es un objeto de un desarrollo más pormenorizado.

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